¿El juicio final a la banca?
La inyección masiva de fondos públicos en parte del sector, sobre todo cajas, eleva la presión para depurar cuanto antes responsabilidades.
UPyD ha solicitado la comparecencia en el Parlamento, entre otros, de Rodrigo Rato.
Es lo más parecido a un juicio sumarísimo que se recuerda en la política española. UPyD registró la semana pasada una iniciativa por la que solicitaba la comparecencia ante una subcomisión parlamentaria de todos los responsables gubernamentales y de órganos supervisores que han tenido alguna competencia en la regulación del sector financiero en las cinco últimas legislaturas. En la lista, Rodrigo Rato, Pedro Solbes y Elena Salgado, máximos responsables del área económica del Gobierno en los últimos 15 años; el actual gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez; su inmediato predecesor, Jaime Caruana; y los dos últimos subgobernadores, Javier Aríztegui y José Viñals; así como los administradores de todas las cajas de ahorros que han tenido que ser intervenidas por el Estado.
El objetivo: investigar las responsabilidades civiles, patrimoniales o penales que se puedan derivar de la actuación de los administradores de las entidades rescatadas por el erario público y también de las autoridades con competencias en el desarrollo del proceso, sin olvidar el campo político. De hecho, en dicha iniciativa se incluía la comparecencia de otros siete altos cargos más, entre ellos, el actual presidente de la CNMV, Julio Segura; y su antecesor, Manuel Conthe, para explicar el controvertido episodio de las participaciones preferentes que numerosas entidades financieras han colocado de forma poco clara entre sus clientes.
Estaríamos así ante el posible –aunque poco probable, dado el previsible rechazo de PP y PSOE– juicio parlamentario a toda una generación de la política económica española, una investigación para determinar que ocurrió en ese periodo que comenzó como el llamado ‘milagro’ español para tornar luego en pesadilla. En cualquier caso, la depuración de responsabilidades por los años de la ‘burbuja’ ya ha comenzado, y no parece que se pueda detener.
Existe una máxima en el mundo de los negocios que sostiene que «cuando el negocio es grande, el crecimiento y el beneficio esconden una multitud de pecados». Y esa parece haber pasado en las cajas de ahorros. Bajo una apariencia de solvencia, se ocultaban actuaciones arbitrarias y de escasa rentabilidad económica, cuando no directamente irregulares.
Paradójicamente, ninguno de esos motivos desencadenó la primera intervención de una entidad por parte del Banco de España en esta crisis, la de Caja Castilla-La Mancha, sino la «excepcional gravedad» de su situación financiera. Solo se actuó cuando Unicaja dio por rotas las negociaciones para su fusión con ella, y fue poco después cuando los inspectores constataron irregularidades en la política de préstamos de la entidad y en su misma gestión, como la subida salarial del 91% que se asignaron los miembros del consejo entre 2004 y 2007 y que es hoy objeto de investigación en la Audiencia Nacional.
La CAM es, por ahora, la otra entidad objeto de un proceso judicial –a los juzgados de Madrid ha llegado también una denuncia por el ‘caso Bankia’, pero aún no se ha resuelto si prosperará–. En tela de juicio las indemnizaciones millonarias que se asignaron los miembros de Consejo antes de la intervención del Banco de España. Es probable que no sean las únicas entidades cuyos administradores pudieran sentarse en el banquillo de los acusados.
La proliferación de este tipo de casos ha generado un estado de alarma social que ha obligado a intervenir a la Fiscalía General del Estado.