La Audiencia Nacional imputa a Rato, Olivas y Acebes por el caso Bankia
Francisco Verdú, consejero delegado de la entidad, renuncia a su cargo tras el anuncio.
El consejero delegado, Francisco Verdú y el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato.
Rodrigo Rato, ex presidente de Bankia y todavía presidente de Caja Madrid, tendrá que declarar como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que ha admitido la querella de UPyD contra Bankia, BFA y sus ex directivos y ex consejeros por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas. Junto con Rato, están citados como imputados José Luis Olivas, ex presidente de Bancaja, y Francisco Verdú, que permanecía como consejero delegado de Bankia pero presentó su renuncia al cargo tras ser imputado. La querella de UPyD recibió el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, que llevaba investigando desde finales de mayo.
El juez Andreu solicitó una amplia lista de pruebas documentales, muchas de ellas ocultas hasta ahora a la opinión pública. Los préstamos, créditos y avales concedidos a consejeros y directivos y a sus familiares, así como a los partidos políticos representados en los consejos de administración desde enero del 2008; y los blindajes, planes de pensiones, indemnizaciones y retribuciones de todo tipo que hayan percibido los consejeros y la alta dirección desde enero del 2007 deberán ser remitidos a la Audiencia Nacional.
En su querella, UPyD destaca que en meses se pasa de declarar beneficios a presentar pérdidas millonarias y argumenta que se ha perjudicado a los accionistas por una «disposición fraudulenta de los bienes» al prevalecer «el favor político al rendimiento económico» y que las «ruinosas inversiones» realizadas por ese motivo han «descapitalizado» la sociedad.
La Audiencia Nacional considera que «la magnitud del perjuicio generado se plasma en el hecho de que la dirección de Bankia haya solicitado 19.000 millones para poder acometer un plan de saneamiento y recapitalización» que sumados a los 4.465 millones ya asumidos por el FROB da un coste para el erario público de 23.465 millones de euros «lo que supone, sin duda, un grave perjuicio a la economía nacional».