Una situación mutante que pasa una severa factura a España

La calma propia de las vacaciones de verano dominaba en España a principios de agosto del 2007. Ninguna alarma había llegado a la sociedad ni a las autoridades de la que se ufanaba de su condición de octava economía del mundo. Pero ya hacía ya dos meses que el banco de inversión norteamericano Bearn Stearns había dado a conocer al mercado las graves pérdidas de dos de sus fondos que invertían en hipotecas de alto riesgo, también llamadas subprime o basura, concedidas a personas sin ingresos estables.

La renta por habitante de España —22.806 euros en el 2006— crecía entonces a buen ritmo, el consumo de los hogares aumentaba a un promedio del 3,6% anual, la actividad de la construcción se incrementaba un 5% cada ejercicio, el precio medio del metro cuadrado de vivienda estaba por las nubes y, pese a que el Euribor a un año se elevaba al 4,564%, la constitución de hipotecas aumentaba en tasas de dos dígitos.

El estallido de la burbuja inmobiliaria ha convertido a España, cinco años más tarde, en uno de los países gravemente afectados por la crisis más severa padecida en los últimos tiempos por las economías desarrolladas. Atravesamos una crisis ‘mutante’, que ha tenido en España especiales características. Primero pincharon los inmuebles, después se deprimió la actividad, a continuación se resintieron las cuentas públicas y los balances de los bancos, y la desconfianza de los inversores en la solvencia de la deuda ha sido la puntilla.