El Gobierno aspira a poner en marcha un ‘banco malo’ que no asfixie al sector
De Guindos se inclina ahora por no pedir «con urgencia» los primeros 30.000 millones.
El ministro de Economía, Luis de Guindos.
El Gobierno se incorpora al trabajo tras las vacaciones con todas las incertidumbres por despejar. Entre las tareas urgentes, debe sentar las bases del ‘banco malo’, que se encargará de gestionar los activos inmobiliarios tóxicos que ahora figuran en los balances de las entidades, en particular de las nacionalizadas. Es una exigencia de Bruselas cuyos detalles técnicos tendrán importantes consecuencias, porque el precio al que se valoren los activos transferidos afectará a las cuentas del sector, así como a un mercado inmobiliario que no levanta cabeza.
El Gabinete de Mariano Rajoy todavía no ha pedido oficialmente los 30.000 millones del primer paquete del rescate bancario —vinculados a la creación del ‘banco malo’— y confía en no tener que hacerlo ‘con carácter de urgencia’, es decir, antes de conocer los informes que sobre cada entidad bancaria presentarán las auditoras a mediados de septiembre.
También ha aplazado cualquier pronunciamiento oficial sobre una petición de salvamento global hasta después de las próximas citas: encuentros de Rajoy con el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, y con la canciller germana Angela Merkel, y reunión del consejo del Banco Central Europeo. La última palabra la tienen los mercados.
Pero hay tareas urgentes en la agenda del Consejo de Ministros del 24 de agosto. Además de lanzar el ‘banco malo’, el Gabinete tiene que determinar las condiciones de la prórroga, con carácter retroactivo, de la ayuda de 400 euros a los parados que han agotado la prestación y aprovechará la ocasión para acotar la futura venta de productos bancarios complejos a ahorradores poco informados.
En detalle
El ‘banco malo’ no es otra cosa que la agencia estatal encargada de gestionar los créditos y otros activos inmobiliarios problemáticos que le traspasarán las entidades nacionalizadas o que hayan recibido ayudas públicas. No afectará al total de los 184.000 millones de activos tóxicos ligados al ladrillo, porque una parte de esta cifra corresponde a entidades ‘sanas’. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), reforzado en sus funciones por acuerdo del próximo Consejo de Ministros, asumirá una posición inicial de control, y la sociedad se nutrirá de recursos procedentes de Europa. De partida, esta condición pública favorecerá la calificación de sus emisiones de deuda. Pero podrán entrar inversores privados en calidad de minoritarios. Serán los que opten por cobrar en forma de participación la totalidad o una parte de la compensación por los activos cedidos, pero también se espera atraer fondos especializados.
La conversión del Estado en una gigantesca inmobiliaria tendrá, sin duda, repercusión en el mercado de la vivienda. De partida, los bancos han acelerado las ventas de pisos en las últimas semanas. A medio plazo, la estimación de un valor razonable de los activos, que tome en cuenta su potencialidad futura, debiera contribuir a que los precios experimentaran un ajuste de forma paulatina, al que nadie se atreve ahora mismo a poner la fecha final.