La Defensora del Pueblo pide más protección para los inversores de preferentes

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Ministerio de Economía y Competitividad y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) actuaciones "eficaces" para proteger a los inversores que deseen comprar preferentes y el establecimiento de procedimientos de reclamación extrajudiciales en sede administrativa.

Estas dos resoluciones son el resultado de una investigación de oficio llevada a cabo por la oficina del Defensor del Pueblo iniciada el pasado mes de febrero, "tras recibir numerosas quejas de pequeños ahorradores que denunciaban a los bancos y cajas que les habían vendido participaciones preferentes y deuda subordinada sin la debida información".

Según esta investigación, los ciudadanos denunciaban que las entidades bancarias les hicieron creer que lo que estaban comprando era un depósito a plazo fijo que, en caso de disponer de la cantidad depositada antes del plazo estipulado en el contrato, tendría una penalización.

"Pero en ningún momento fueron informados de que se trataba de un producto de escasa liquidez, con carácter perpetuo, rentabilidad no garantizada, incluso con riesgo de cuantiosas pérdidas y sin cobertura de fondo de garantía alguno", denuncia la Defensora del Pueblo.

Tras ampliar su investigación, la oficina solicitó a la CNMV que especificase las entidades que habían actuado "de forma incorrecta", así como las sanciones derivadas de su actuación o las recomendaciones que hubiera propuesto a éstas. Sin embargo, la Defensora del Pueblo asegura que el supervisor contestó que no podía informar sobre sus actuaciones ni sobre los expedientes sancionadores.

Supervisión "ineficaz" de la CNVM

Ante el "alto número de quejas recibidas", las reclamaciones presentadas ante la propia CNMV y algunos de los procedimientos judiciales que ya se han hecho públicos, Becerril concluye que el control preventivo ejercido por el supervisor "ha resultado ineficaz". Por ello, la institución considera que la CNMV "debería disponer de mayores competencias para proteger a los inversores".

De esta forma, la Defensora del Pueblo recomienda que se promuevan actuaciones "eficaces" para que los clientes financieros tengan, antes de formalizar el contrato, conocimiento "pleno" del producto que van a suscribir, del riesgo de la inversión y de si está cubierto o no por alguno de los fondos de garantía.

Asimismo, Soledad Becerril pide a la Administración que reitere a las entidades bancarias la "conveniencia y buena práctica" de llegar a acuerdos con los inversores de estos productos "para evitar la necesidad de acudir a procedimientos judiciales".