Bruselas impone una reducción de tamaño de más del 60% a la banca nacionalizada

La Comisión Europea ha impuesto este miércoles una reducción de tamaño de más del 60% a la banca nacionalizada (Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia Banco y Banco de Valencia) de aquí a 2017. Esta es la condición que exige Bruselas para autorizar una inyección de capital de 37.000 millones de euros del fondo de rescate de la UE con el fin de garantizar su viabilidad.

Bruselas autoriza la venta de Banco de Valencia a Caixabank. Por lo que se refiere a Catalunya Caixa y Novagalicia Banco, el Gobierno español se ha comprometido a vender las entidades antes de que concluya el periodo de reestructuración de cinco años. En caso de que la venta no sea posible, las autoridades españolas deberán presentar un plan de liquidación ordenada.

Para llevar a cabo su reducción de tamaño, las entidades nacionalizadas deberán centrar su modelo empresarial en préstamos al por menor y préstamos a las pymes en sus principales regiones históricas. Y tendrán que abandonar las líneas de créditos a favor de promociones inmobiliarias y limitarán su presencia en el mercado al por mayor.

Ello contribuirá a reforzar su capital y sus niveles de liquidez y reducir su dependencia de la financiación en el mercado mayorista y del Banco Central.

Todos los bancos se han comprometido a ceder algunas participaciones industriales y filiales. El producto de dichas cesiones contribuirá a financiar la reestructuración y, por lo tanto, limitará la necesidad de ayuda adicional, además de reducir las distorsiones de competencia.

Además Bankia y Catalunya Caixa cederán los títulos de renta fija que poseen en su cartera de valores negociables y de tesorería. Catalunya Caixa también cederá la totalidad de sus fondos de capital riesgo.

Según los planes de reestructuración aprobados por el Ejecutivo comunitario, los accionistas y titulares de preferentes y deuda subordinada deberán contribuir también a los planes de reestructuración. Su aportación reducirá la ayuda estatal necesaria en alrededor de 10.000 millones de euros, según los cálculos de Bruselas.