Griñán: "El decreto de los desahucios excluye a la mayoría de afectados"

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, considera que el real decreto ley del Gobierno central de Medidas Urgentes para Reformar la Protección de Deudores Hipotecarios, que ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados, "deja sin resolver el problema de fondo, al mantener deudas perpetuas con los bancos, fruto de cláusulas abusivas", al tiempo que "excluye a la mayoría de afectados fijando requisitos muy restrictivos". "La sociedad nos está reclamando soluciones, no parches o remiendos", apunta.

Durante su intervención este viernes en la inauguración de las Jornadas Andaluzas sobre la Ley Hipotecaria organizadas por la cadena Ser en Sevilla, José Antonio Griñán ha manifestado que esa norma del Gobierno no incluye tampoco la suspensión de los intereses de demora, de modo que la deuda puede seguir creciendo durante los dos años de suspensión del lanzamiento.

Griñán también ha criticado el hecho de que el Gobierno anunciara inicialmente que el decreto beneficiaría a 600.000 familias y ayer ya rebajó la cifra a 120.000.

Tras recordar que el grupo socialista defendió en el Parlamento andaluz una iniciativa en la que se reclamaba al Gobierno central que la dación en pago fuera suficiente para saldar la deuda de la hipoteca, Griñán ha estimado que sería positivo que los jueces pudieran estar dotados de instrumentos para permitir que en determinadas circunstancias, una familia pueda seguir en su vivienda pagando un alquiler cuando ya no puede hacer frente a la hipoteca.

"Tan importante como amparar a las familias, es ir a la raíz del problema e insistir en el cambio de la normativa", según Griñán, quien ha abogado por establecer medidas inmediatas para frenar los desahucios y regularizar los procesos ejecutivos de las hipotecas, preservando el derecho a la vivienda que recoge la Constitución.

En este sentido, ha considerado imprescindible una reforma en profundidad de la legislación hipotecaría porque la actual ley vigente desde hace más de un siglo es "obsoleta y desequilibrada".

Ha aprovechado también para poner de manifiesto que tampoco parece estar siendo eficaz el Código de Buenas Prácticas del Gobierno, que, en su primer trimestre (de marzo a junio de este año), arroja un balance "exiguo", ya que el 81 por ciento de las solicitudes resueltas han sido denegadas por el entidades de crédito y solo en el 2,8 por ciento de los casos se produjo la dación en pago.

"La sociedad nos está reclamando soluciones y no parches o remiendos", según el jefe del Ejecutivo andaluz, para quien es imprescindible una reforma que equilibre los derechos de los deudores hipotecados, respecto a los derechos de las entidades financieras. El presidente ha expresado su preocupación por que el dinero público vaya a rescatar entidades financieras y no se utilice para socorrer a las personas que peor lo están pasando por esta crisis.

Asimismo, el presidente se ha mostrado partidario de que se revisen puntos como los intereses moratorios, que son "claramente abusivos" y cambiar el concurso de acreedores de las personas físicas. En este punto, ha expuesto que las personas jurídicas, cuando entran en liquidación, se disuelven y se extinguen, aunque no cobre casi nadie, mientras que, en el caso de las personas físicas, se acaba el concurso, pero se sigue debiendo todo.

Por ello, ha indicado que es necesario buscar un tratamiento específico que resuelva el endeudamiento de las familias y que cuando finalice el concurso, éstas queden liberadas de la deuda y puedan empezar de nuevo. Ha apuntado que España es el único país de su entorno jurídico que no tiene una ley de insolvencia o de segunda oportunidad.

Ha agregado que es necesario articular procedimientos alternativos a la vía judicial concursal. En relación con la ejecución de los bienes hipotecados, según Griñán, es necesario modificar las normas reguladoras del procedimiento de las subastas, con el fin de evitar situaciones abusivas o de mal abaratamiento de los bienes afectados.

En su opinión, hay que hacer mejoras respecto a las notificaciones a fiadores o garantes, al tiempo que habrá que plantear una "mayor exigencia e independencia a las sociedades de tasación" y establecer medidas de prevención del sobreendeudamiento y unas mayores exigencias a las entidades de crédito sobre transparencia en las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios y créditos.

"Necesitamos una reforma de alcance para atajar el sobreendeudamiento y los desahucios", según ha sentenciado el presidente, para quien, de todas las imágenes del empobrecimiento de las familias españolas, la más dramática es la de los desahuciados por el impago de hipotecas. "Esta es la parte más vulnerable de nuestra sociedad, la que tiene una situación más crítica y a la que hemos de atender con una mayor urgencia", ha sentenciado.

Medidas de la junta

José Antonio Griñán ha explicado que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha el programa andaluz de defensa de la vivienda, abierto a la participación de ayuntamiento, diputaciones, entidades financieras, colegios profesionales y movimientos sociales, que recoge medidas de asesoramiento, intermediación y de protección para combatir los desahucios.

Ha animado a sumarse a él a todas esas instituciones y asociaciones para "aglutinar fuerzas ante un problema que debe ser combatido con la cooperación de todas las instituciones y que pueda movilizar medios para conseguirlo".

El presidente ha detallado que se han abierto oficinas de intermediación en todas las provincias andaluzas, y en un plazo de menos de dos meses, se ha atendido a 350 familias, que en su inmensa mayoría han solicitado servicios de intermediación con las entidades financieras y que cuentan con un acompañamiento experto y asesoramiento profesional para no sentirse solas y desprotegidas frente a una situación "de clara desigualdad entre las partes".

Ha destacado además que se ha paralizado en el parque de viviendas públicas de la Junta todos los lanzamientos de desahucios para no privar de su vivienda a familias afectadas por sobreendeudamiento o que cuenten con personas en situación de dependencia.