El Gobierno anuncia 6.000 viviendas sociales de alquiler para desahuciados

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado este martes en el Senado que el Fondo Social de Vivienda (FSV) previsto por el decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno el pasado noviembre contará con 6.000 viviendas propiedad de entidades de crédito ¿cuya participación es voluntaria¿, de entre las que no hayan aportado a la Sareb (el 'banco malo', la sociedad que aglutinará los activos inmobiliarios tóxicos de la banca), y que deberán estar «en condiciones adecuadas de habitabilidad».

Para alquilar una de ellas, las familias deberán haber sido desalojadas de su residencia por impago de la hipoteca después del 1 de enero del 2008, el año de inicio de la crisis; tener unos ingresos familiares inferiores a tres veces el IPREM (unos 19.000 euros anuales), no poseer una vivienda en propiedad y cumplir alguno de los mismos requisitos de vulnerabilidad que fijaba el decreto para acogerse a la suspensión temporal de un desahucio.

Duras restricciones

Eso limita la posibilidad de ser beneficiario a familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo o miembros con más del 33% de discapacidad o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar, y en algunos supuestos de violencia de género. También tendrán derecho deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, y las unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas a él o a su cónyuge por parentesco hasta tercer grado y que sufran discapacidad, dependencia o enfermedad grave que incapacite para trabajar.

El precio del alquiler estará entre 150 y 400 euros mensuales y alcanzará un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar. El contrato será por dos años prorrogable por uno más, salvo que la familia deje de cumplir alguno de los criterios fijados. De Guindos anunció asimismo que los ayuntamientos tendrán «un papel determinante» en la selección de los beneficiarios.