De Guindos asegura que se han hecho esfuerzos para reducir el déficit

La Comisión Europea y el Gobierno español confirman haber encontrado vías de entendimiento. A pocas semanas de que, el 22 de febrero, el Ejecutivo comunitario examine las cuentas públicas españolas de 2012, junto a las del resto de socios de la UE, para verificar si han cumplido los objetivos de déficit, el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha afirmado que se van a tomar en cuenta «las perspectivas de crecimiento y el espacio fiscal de cada uno de los países». Añadió que «no hay una regla exacta en la combinación que debe aplicarse» entre recortes de gasto, subidas de impuestos y estímulos al crecimiento. «Cuando ha habido un deterioro grave, podemos proponer una prórroga de los objetivos –admitió-, porque, si bien los ajustes son necesarios, son muchos los factores que determinan su ritmo».

En pleno debate sobre la conveniencia de suavizar la disciplina fiscal para no estrangular el crecimiento, sugerida incluso por el Fondo Monetario Internacional, Rehn compareció en rueda de prensa con el ministro de Economía, Luis de Guindos, con quien analizó la situación española, y en particular la marcha de la reestructuración bancaria. Después del paro, el otro gran problema a resolver es el retorno del flujo del crédito a hogares y sociedades, y en particular a las pymes. Y este mismo lunes, la troika encargada de revisar el proceso de saneamiento y capitalización del sector financiero –representantes de la Comisión, del BCE y del FMI- ha emprendido en Madrid un seguimiento directo.

De Guindos se mostró confiado en que, si no se mide a todos los países con el mismo rasero, la presentación de los datos de las administraciones públicas españolas en los próximos días pondrá de manifiesto «el intenso esfuerzo de todas ellas para reducir el déficit». Y añadió que si Bruselas reduce la intensidad de los sacrificios, habrá una «distribución equitativa» de las posibles ventajas. Varias autonomías han reprochado al Gobierno el desigual reparto que se produjo cuando la Comisión flexibilizó el calendario de las exigencias.