El rechazo al contrato único logra unir al Gobierno y a los agentes sociales
Báñez lo ve «inconstitucional» y para la Ceoe se trata de una propuesta «atrevida» .
El presidente de la Ceoe, Juan Rosell, en una rueda de prensa.
España lleva más de cinco años en crisis, dos recesiones, un paro descomunal, ha hecho dos reformas laborales, ha cambiado el sistema de pensiones y ha sufrido duros ajustes en el gasto público. Y nunca habían coincidido las posiciones del Gobierno, la oposición, la patronal y los sindicatos. La sugerencia del comisario europeo de Empleo, Lázsló Ándor, de introducir en la legislación española el «contrato único» para solucionar el paro juvenil ha servido para unir, por una vez, a los agentes políticos y sociales en su contra.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró que el contrato único es «inconstitucional» y explicó que no existe una recomendación oficial de la Comisión Europea para que se implante. El presidente de la Ceoe, Juan Rosell, consideró bastante «atrevida» la propuesta del comisario porque supone cambiar la legislación española de «golpe». Rosell se preguntó si «en el país del comisario existe ese tipo de contrato» y defendió que existan distintos tipos de contratos para cubrir las necesidades de los diferentes sectores, aunque sí abogó por una simplificación. El presidente de la patronal, que intervino en un desayuno informativo organizado por Europa Press, recalcó que en España existen «41 modalidades de contratación, pero sólo se utilizan 7 u 8».
Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, explicó que Bruselas no tiene competencias en materia de contratación en España, mientras que su homólogo de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, alertó de que si se implantase el contrato único supondría una «invitación» a las empresas a despedir a los trabajadores más jóvenes «sin causa y casi gratis total».
Más resistencias
No fueron las únicas reacciones que despertaron las palabras de Ándor. La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, exigió al comisario que actúe con «responsabilidad» y le reprochó que pida para España un contrato laboral que no se aplica en ningún país comunitario.
Rodríguez emplazó a Ándor a que diga en qué países se ha implantado y cuáles han sido los resultados. Sólo UPyD apoyó el contrato único y su portavoz en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, consideró «una tontería» que la ministra de Empleo, lo vea inconstitucional.
La falta de encaje en la Constitución que denuncia el Gobierno obedece a que no se puede indemnizar igual en los despidos procedentes que en los improcedentes. Sin embargo, podrían incorporarse dos escalas. El contrato único con indemnización progresiva, tal como lo planteó Fedes y los cien economistas en el 2009, funcionaría de la siguiente manera: el primer año se fijaría una indemnización similar a la que tuviera el contrato temporal (son 10 días en el 2013) que se iría incrementando con cada año de permanencia en la empresa. Por ejemplo, si aumentara en cuatro días por año, el despido a los dos años sería de 14 días por año; a los cuatro años sería de 22 días por año. Y así hasta el tope que se marcara.
Por otra parte, el presidente de Ceoe restó trascendencia a la reunión de los agentes sociales mañana con el presidente del Gobierno y la calificó de «intercambio de opiniones». A su juicio, es hora de presentar alternativas pero añadió que a los consensos hay que llegar con «la calculadora en la mano» porque las frases son «muy bonitas» pero hay que llevarlas a la práctica.