La Audiencia investiga a Blesa y Díaz Ferrán por las preferentes
Admite otra querella por la comercialización . de riesgo en Bankia y sus socias.
Blesa y su abogado, el pasado 5 de junio.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará si Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, y las seis personas que formaban parte de su consejo de administración incurrieron en algún delito (estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas, publicidad engañosa...) con la polémica comercialización de sus participaciones preferentes
La novedad respecto al auto que dictó el lunes por el mismo asunto es que esta vez las diligencias se extienden a la etapa anterior a la formación de Bankia, resultado de la fusión de siete cajas de ahorros a finales de 2010.
En la práctica, la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 4 estaba cantada desde que la Sala de lo Penal de la Audiencia lo anticipara hace dos semanas, tras estimar el recurso de un pequeño inversor. Los magistrados consideran que los responsables de esas cajas urdieron un plan «continuado en el tiempo» a fin de «aparentar frente al mercado una situación de solvencia irreal», para lo cual emitieron unos productos financieros «complejos» (las preferentes) que fueron «artificialmente valorados».
Andreu, sin prejuzgar el sentido que pueda tomar el caso en el futuro —aún tiene pendiente de admitir otras querellas—, aprecia indicios delictivos en la venta de preferentes pero no puede determinar por ahora quienes serían sus presuntos responsables. Por ello, se limita a admitir la querella presentada por una pareja de jubilados de Barcelona y requerir para su personación a los querellados:el citado Blesa, junto a los exconsejeros Gerardo Díaz Ferrán (ex presidente de la CEOE) ya imputado junto al primero en el caso donde se investigan sus créditos irregulares y la compra de un banco en Miami), Gonzalo Martín Pascual, Jesús Pedroche, Rodolfo Benito, José Manuel Fernández Norniella y José María Arteta. Asimismo, ha solicitado documentos a Bankia y la CNMV, a la que no acusa en este momento por no ver una omisión «patente y total» en su labor de control. Además, solicitará que la querella no se acumule a la causa iniciada por UPyD, ya que considera que los hechos denunciados son diferentes. La querella reclamaba al magistrado que exigiera una fianza solidaria para todos ellos de 221.000 euros y, en caso contrario, que acordara el embargo de sus bienes para cubrir esta cantidad, para lo cual Andreu acuerda celebrar una vista, aún sin fecha fijada.