Satisfacción ante el compromiso europeo para combatir el paro juvenil

Mariano Rajoy ha llegado esta vez al Consejo Europeo de Bruselas con un apoyo mayoritario de fuerzas políticas parlamentarias españolas que representan un 93% de los votos, plasmado en la resolución aprobada el pasado martes en el Congreso de los Diputados. El proyecto de conclusiones de la cumbre, y las negociaciones de la primera jornada han llevado a fuentes gubernamentales a concluir que los compromisos políticos y calendarios propuestos en la cumbre satisfacen las tres aspiraciones españolas: el apoyo al empleo juvenil, la financiación a las pymes y los progresos hacia la unión bancaria. Falta saber si las fuerzas políticas que han reforzado la posición del Ejecutivo comparten esta opinión, a la vista de las iniciativas a punto de cuajar.

Los recursos allegados para combatir el paro de los jóvenes menores de 25 años ascenderán, en el caso de España, a 1.900 millones de euros, concretas fuentes del Gobierno. Y, lo que el considera muy importante, tras haber luchado por ello en las recientes reuniones de Madrid y Bruselas, ese dinero se podrá utilizar desde el 1 de enero de 2014, durante ese año y el siguiente. Se trata de compromisos de gasto, condicionados a la existencia de los correspondientes programas.

Disponer de esas cantidades se puede considerar un logro, aunque queda minimizado por la dimensión que alcanza el problema. En España hay casi un millón de parados menores de 24 años, el 53,2% de la población trabajadora en ese tramo de edad. A modo de comparación, se puede recordar que el decreciente presupuesto español dedicado a políticas activas de empleo fue de 7.764 millones en 2012 y se redujo a 3.771 millones en el actual ejercicio.

Los acuerdos políticos son los que el Ejecutivo español estaba deseando, insistieron fuentes gubernamentales, que reconocieron, a continuación, que el procedimiento técnico por el que el Banco Europeo de Inversiones contribuirá a allegar financiación para las pymes está por concretar. La decisión que ya está encarrilada consiste en apoyar la titulizacion -cesión de derechos de cobro- de las pequeñas y medianas empresas. Si llega a constituirse un fondo común de todos los estructurales -una de las fórmulas a estudio- habrá que determinar los porcentajes de participación, o el número de pymes a atender, entre otras cosas. El Gobierno destaca además que se haya planteado un mecanismo para facilitar la participación de las empresas de menor tamaño en las licitaciones y concursos.

De los progresos hacia la unión bancaria espera el Gobierno español efectos relevantes: que permita romper, de una vez, el endiablado vínculo entre deuda soberana y sistema financiero, para que las empresas logren recursos a precio asequible y fluya el crédito hacia la economía productiva.