Empleo quiere utilizar a las agencias privadas para la inserción de parados
Propone pagar entre 300 y 3.000 euros por persona a la que encuentren trabajo.
El Ministerio de Empleo ultima el acuerdo marco con las agencias privadas de colocación para la inserción de parados. El último borrador enviado a las comunidades autónomas incluye el pago a las agencias privadas de hasta 3.000 euros por conseguir un contrato de seis meses a un desempleado de larga duración mayor de 45 años, pero también incorpora otros abonos de los que no se había hablado hasta ahora. Según el pliego del acuerdo, que sigue lo que se hace en otros países, las agencias privadas podrán recibir una cantidad fija de la administración por cada persona cuya inserción se le encomiende «con independencia del resultado». Esta cuantía no podrá superar el 50% de lo que cobraría por recolocar a ese parado», con un límite de 400 euros (IVA incluido).
Las tarifas incluidas en el pliego de condiciones por cada parado recolocado varían en función de la edad y del tiempo que lleve en el desempleo. Así, por encontrar trabajo a un joven que lleve menos de seis meses sin hallarlo, la agencia privada cobraría 300 euros, que se dispararían hasta los 1.100 si hace más de un año que está en paro. Y si el desempleado tuviera más de 45 años y estuviera más de dos años sin trabajar, el Estado pagaría a la agencia 3.000 euros. Además, se abonará un incentivo de hasta 1.000 euros más «por especial dificultad de inserción o riesgo de exclusión». Se prevé otro incentivo «por el mantenimiento continuado en el empleo» de seis meses más respecto a los seis iniciales, que permitirá a la agencia cobrar hasta el 50% del pago por la inserción, es decir, entre 150 y 1.500 euros más.
Incentivo
Hay otro punto muy polémico que es el «incentivo por resolución de irregularidades», por el que se pagará hasta el 15% de lo que se hubiera abonado por recolocar al parado. Para ello es necesario que la agencia privada proporcione información que permita a los servicios públicos de empleo sancionar al desempleado por alguna infracción.
La ley establece que un parado podrá ser sancionado con la suspensión del pago de la prestación por desempleo entre uno y tres meses si no acude cada mes a renovar su demanda de empleo, también si no se presenta a una citación o a una entrevista de trabajo; y, si es reincidente, se le retirará la prestación. La ley ya obliga a las agencias privadas de colocación a comunicar a los servicios públicos si ocurre alguna de estas incidencias. Lo que el Ministerio de Empleo propone ahora es que cobren por ello hasta 450 euros si hay sanción.
Las cuantías establecidas en el pliego son precios máximos, de modo que las comunidades autónomas podrían fijar tarifas por debajo de ellas y las agencias privadas hacer ofertas a la baja. La adhesión de cada territorio es voluntaria, pero como esta será la única vía para recibir este dinero del Estado, incluso las que no están nada conformes con las polémicas cláusulas fijadas por el Gobierno central se lo están pensando pues, «al fin y al cabo, es una manera de recibir financiación».
El Servicio Público de Empleo estatal (Sepe) ha previsto un importe total de 66 millones de euros para pagar la colaboración privada durante los próximos cuatro años, aunque se podría ampliar.