Competencia alerta de un posible cártel en la industria automovilística

Los ojos de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) también están puestos, entre otros sectores, sobre la industria automovilística, donde consideran que se ha podido formar un cártel entre fabricantes y distribuidores. Primero inspeccionaron las sedes de estos últimos a principios de junio, y está semana le ha tocado a los primeros. En ambos casos, se hicieron registros y se intervino documentación. Según explicaron ayer fuentes de la CNC, se sospecha que unos y otros han podido incurrir en varias prácticas contrarias al libre funcionamiento del mercado. En concreto, sus investigadores creen que habrían pactado de forma encubierta para fijar tanto precios como condiciones comerciales, e incluso el coste de determinados servicios.

No es la única conducta anticompetitiva que se trata de esclarecer en este caso, pues los técnicos de la CNC aprovecharon sus registros en las sedes de los principales fabricantes españoles (o filiales de multinacionales con sede en el país) para recabar pruebas sobre posibles acuerdos de intercambios de información «comercialmente sensible y estratégica». De momento, no obstante, las pesquisas continúan abiertas.

Expedientes

Si finalmente se concluye que existen elementos suficientes para acreditar que han vulnerado la normativa sobre competencia, se incoarían sendos expedientes sancionadores a las empresas responsables. Con ello, se enfrentarían a multas millonarias de hasta el 10% del total de sus ingresos anuales. De otro lado, el Consejo de Ministros aprobó ayer la puesta en marcha de la tercera convocatoria del Plan PIVE para la renovación del parque automovilístico, que tendrá una dotación de 70 millones de euros. Las ayudas serán similares a las del anterior programa del mismo nombre, es decir, 1.000 euros por vehículo, a los que se sumarán otros tantos del fabricante o punto de venta.