El Gobierno endurece las condiciones para cobrar el paro

Suma y sigue en la estrategia del Gobierno para luchar contra el fraude en el seguro de paro. Aquellos que quieran acceder a este tipo de prestaciones deberán acreditar que están buscando un trabajo de forma activa, es decir, que participan de hecho y no sólo formalmente en las políticas que a tal efecto desarrollan los servicios públicos de empleo autonómicos, bajo el paraguas del Ministerio.

Así, estar inscrito como demandante de empleo y mantener tal condición dejó de ser una mera formalidad el pasado día 3 —un día después de publicarse en el BOE los cambios— para convertirse en una obligación legal. Y lo mismo pasa con la entrevista que debe pasar, la evaluación de aptitudes a la que debe someterse y, en definitiva, todo el itinerario de inserción laboral que se le pueda exigir.

Es más, bastará con que los servicios de empleo no puedan localizarle para que, una vez informado el antiguo INEM, se le suspenda el cobro de la prestación. A tal fin, el beneficiario «deberá facilitar la información necesaria para garantizar la recepción de sus comunicaciones», lo que podrá hacerse por medios electrónicos.

Para quienes viajen al extranjero —el límite legal está en 15 días—, se permitirá su estancia prolongada (menos de un año en cualquier caso) fuera del país previa suspensión temporal del cobro de la prestación. Eso sí, tendrá que notificarlo previamente y justificar el motivo: un curso de idiomas, un trabajo, un proyecto de cooperación.

También tendrán obligación de advertir a la administración aquellos beneficiarios cuyas condiciones para el disfrute de la prestación hayan variado, por ejemplo, por estar trabajando ya. Y habrá de ser con anterioridad, no fuera de plazo. En todos los supuestos, aumentan las sanciones previstas.

Además de a las autonomías, el Gobierno insta a los ciudadanos a unirse a su mano dura contra el fraude en el paro. A tal fin, anunció hace unos días la creación de un buzón donde se puedan denunciar ese tipo de conductas «fraudulentas e insolidarias», de cara a su análisis posterior y, en su caso, sanción correspondiente, por parte de la Inspección de Trabajo.