El Gobierno baraja que todas las empresas ofrezcan un plan de pensiones a su plantilla
. Las aportaciones correrían a cargo del empleado que se apuntara de forma voluntaria.
El portavoz del grupo parlamentario socialista, Valeriano Gómez.
El Gobierno estudia que todas las empresas tengan que ofrecer obligatoriamente a sus trabajadores una fórmula de previsión social complementaria, ya sea a través de un plan de pensiones, un seguro garantizado u otro producto que cumpla los requisitos de ahorro previsión.
Sin embargo, no serían las empresas las que realizarían las aportaciones a los planes de pensiones o seguros, porque el Ejecutivo entiende que las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social ya son lo suficientemente elevadas y no dan margen para nuevos pagos. Las aportaciones correrían a cargo de los trabajadores, que no estarían obligados a apuntarse sino que sería voluntario. Si el trabajador no quiere que le descuenten de su salario para el plan de pensiones, seguiría como hasta entonces.
La Dirección General de Seguros, integrada en el Ministerio de Economía, lleva meses trabajando en un informe sobre pensiones complementarias que presentará esta semana a la Junta Consultiva de Seguros. El Gobierno estudia nuevos incentivos para impulsar el ahorro privado en pensiones en plena reforma del sistema público de la Seguridad Social. Entre esos incentivos se encuentra favorecer la renta vitalicia a largo plazo, de manera que podría tributar como renta financiera o del ahorro en lugar de sumarse a las rentas del trabajo y pagar el tipo marginal.
Ahora, las rentas del ahorro tributan a un tipo fijo en el IRPF que es inferior al tipo marginal. El informe de Seguros no llega a plantear un tipo fijo pero sí que sea tratado como ahorro. Además, propone «reordenar» los límites fiscales de aportación que establece el IRPF, aunque el aumento de estos límites se deja al comité de expertos que, presidido por Manuel Lagares, prepara la reforma tributaria. Uno de los problemas que se plantea es qué ocurrirá si el empleado deja la empresa. El informe propone permitir la movilización de los derechos de los trabajadores que vean extinguida su relación laboral a planes individuales.