Hacienda ‘perdona’ a las empresas 340 millones en el impuesto al gas fluorado
Tras el pulso con la industria alimentaria, el Gobierno permite una aplicación progresiva.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una imagen de archivo.
El Ministerio de Hacienda ha rebajado las expectativas de recaudación del impuesto que gravará a partir de 2014 el uso de gases fluorados, la medida estrella de su paquete de novedades en materia de fiscalidad medioambiental. Presionado por las grandes empresas de distribución, principales consumidoras de esos gases necesarios para el funcionamiento de los sistemas de frío, el departamento que dirige Cristóbal Montoro introdujo a última hora en la Ley de Medidas Medioambientales (publicada en el BOE el 30 de octubre) una enmienda que instaura una aplicación progresiva del tributo los dos próximos años y retrasa a 2016 el cobro del 100% de la tarifa. El fisco dejará así de ingresar unos 340 millones de euros en los dos próximos años.
La cantidad a ‘perdonar’ a las empresas en 2014 y 2015 supone la mitad de los recursos que el Estado preveía recaudar por ese impuesto. Según Hacienda, su estimación inicial de ingresos eran 340 millones al año, cálculo que no se cumplirá a la vista de las modificiaciones acordadas: un régimen transitorio para la aplicación gradual del impuesto, de forma que en 2014 sólo se abonará el 33% (un tercio) de la tarifa establecida con carácter general y en 2015 el 66% (dos terceras partes). En resumen, en dos años el Estado ingresará el dinero correspondiente a uno.
Daño medioambiental
Los gases fluorados son un producto muy contaminante que se utiliza de forma habitual desde mediados de la década pasada en sectores como la refrigeración, los disolventes y extintores de incendios. Se trata de agentes mucho más dañinos para el medio ambiente que el CO2 y que están regulados por el Protocolo de Kioto sobre gases de efecto invernadero, que fija objetivos de emisión para los países desarrollados. Según el director general de tributos, Diego Martín-Abril, esas emisiones cuestan al Estado «cientos de millones». De ahí que el principio «quien contamina paga» haya sido, según asegura, la filosofía inspiradora de esta medida.
La aplicación más extendida de los gases fluorados es el funcionamiento de las cámaras frigoríficas de los supermercados y del resto de industrias de la cadena agroalimentaria: Empresas cárnicas, conserveras, hortofrutícolas, bodegas… necesitan consumirlos para mantener en buen estado los productos.n. De ahí que los empresarios del sector se llevaran las manos a la cabeza el día que Montoro anunció el impuesto. Según Ignacio García Magarzo, director general de la patronal Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), «para el conjunto de la distribución alimentaria supone más de 200 millones» en su formulación inicial.