Gobierno y concesionarios estrechan el cerco sobre los ‘mercadillos’ de coches
La DGT se plantea prohibir por ley la venta de vehículos en la calle, que daña al sector.
El Gobierno parece decidido a poner coto a la venta ilegal de vehículos de ocasión en la vía pública, una práctica denunciada desde hace años por los concesionarios y otros establecimientos profesionales de compraventa, que alertan de la competencia desleal que supone esta práctica para su negocio. Se trata de prohibir lo que se conoce como ‘mercadillos’ de coches, o ‘concesionarios ambulantes’, y que al calor de la crisis han proliferado en descampados, aparcamientos de centros comerciales o cualquier otro gran espacio de la vía pública.
Los concesionarios de marca y compraventa denuncian que los particulares que llevan a cabo este tipo de operaciones —y que muchas veces se hacen pasar por profesionales— «no cuentan con las autorizaciones municipales para desarrollar su actividad, no pagan impuestos ni están dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)». Un «mercado negro» que genera al sector automovilístico unas pérdidas anuales de 300 millones de euros, «además de promover la economía sumergida», explica Juan Antonio Sánchez Torres, presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam).
Cruzada
Esta asociación —con cerca de 9.000 miembros entre concesionarios oficiales, establecimientos de compraventa independientes y talleres— empezó hace años una cruzada contra este tipo de negocio, que en la actualidad mueve unas 95.000 vehículos al año. Una cifra que supone alrededor del 10% de las operaciones entre particulares. La regulación de esta actividad está en manos de las ordenanzas municipales, por lo que Ganvam se ha dirigido en reiteradas ocasiones a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que las medidas tomadas por «una minoría» de ayuntamientos —como Madrid y Barcelona— para erradicar la venta ilegal de coches se hagan extensivas a otras localidades.
Sin embargo, la principal reivindicación de Ganvam es la puesta en marcha de una norma de ámbito estatal que ponga fin al problema. Y ahí parece haber encontrado la colaboración de la Dirección General de Tráfico (DGT). Con el pretexto de un uso ilegal de la vía pública, el organismo podría sancionar la actividad de los ‘mercadillos’ de coches. ¿Cómo? A través de una prohibición expresa incluida en el borrador del nuevo Reglamento General de Circulación, que a su vez desarrollará la futura Ley de Seguridad Vial. «Es una opción que barajamos. Pero lógicamente habrá que tener en cuenta la opinión de los partidos políticos en el trámite parlamentario», advierte Cristóbal Cremades, secretario general de la DGT.