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La intervención del Gobierno crea incertidumbre en el sistema eléctrico

José Manuel Soria insiste en que la suspensión de la puja «tuvo fundamento».

Soria, visitó ayer las instalaciones de la empresa española Tuenti.

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jorge murcia | (colpisa) madrid

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La intervención del Gobierno en el sector eléctrico, primero mediante la anulación de la subasta Cesur, y después mediante la fijación —vía decreto— de una tarifa para el primer trimestre de 2014 ha originado un potente sentimiento de incertidumbre entre los actores del sistema, que se ha acrecentado una vez conocidas las conclusiones del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

El superregulador insiste en que se dieron «circunstancias atípicas» en el desarrollo de la subasta, y añade además que hubo «suficiente presión competitiva», pero evita hablar de manipulación de precios, lo que habría llenado de sentido a su decisión de no dar por válida la puja.

Diversas fuentes advierten de que la inseguridad jurídica que se ha instalado en el sistema eléctrico —y sobre todo en lo que respecta al funcionamiento del mercado— presionará al alza los precios. «La incertidumbre regulatoria, como el caso de la subasta Cesur, desincentiva la participación en el mercado y crea un riesgo regulatorio adicional que se incorpora en los precios y que soportan los consumidores finales», afirma la Federación Europea de Traders de Energía (EFET) en un comunicado.

Estos agentes financieros conforman una parte importante de las subastas trimestrales en las que se fija el precio de la electricidad para los clientes acogidos a la antigua TUR, actualmente denominado Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVCP). Las cinco comercializadoras de último recurso (CUR) acuden a las pujas como compradores de la energía que venden los traders, entidades financieras, y compañías eléctricas (sobre todo extranjeras).

Las circunstancias

Una vez conocido el informe de la CNMC, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha insistido en que la decisión de anular la puja «tuvo fundamento», ya que en el documento «se reiteran las circunstancias atípicas que invalidaron el resultado de la subasta y se incide en dos cuestiones adicionales». «La primera, que no hubo una concurrencia competitiva suficiente. La segunda, que se detectaron variaciones de precios con anomalías impropias del funcionamiento de un mercado eficiente», ha destacado.

Soria desveló que desde aquel día su ministerio «ha convocado y reunido a los presidentes de las cinco grandes eléctricas de España», al tiempo que mantenía reuniones «con las asociaciones de consumidores y representantes de las entidades financieras» participantes en la subasta. La intención de Industria es la de «recabar opinión sobre las cuestiones que consideran que deben cambiarse, modificarse y mejorarse» en el sistema de fijación de precios eléctricos.

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