Bruselas busca para el Canal de Panamá «una solución financiera»
El Gobierno insta a Sacyr al diálogo aunque pierda dinero .
Un barco llega al Canal de Panamá.
Más dinero y menos palabras. Es lo que parecen haber sugerido desde la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) al rechazar la mediación formal de la Comisión Europea (CE) en el conflicto abierto por los sobrecostes multimillonarios de las obras de su ampliación, aceptada el domingo desde Bruselas tras una petición directa del consorcio adjudicatario encabezado por el grupo español Sacyr y el italiano Impreglio, que cuentan como socios minoritarios con la firma belga Jan de Nul y la panameña Cusa.
La respuesta firme llegada del otro lado del Atlántico obligó ayer, tanto a los responsables comunitarios como a los propios países implicados, a matizar el papel de Bruselas. «Lo que la Comisión se está planteando es buscar una fórmula, una solución financiera, para que las empresas resuelvan el problema de liquidez inmediato en el que están inmersas y la obra pueda continuar al ritmo previsto —un aspecto clave, dado que desde Panamá denuncian que ya ha descendido entre un 75% y un 80%—, explicó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Margallo.
Margallo aclara
Añadió, asimismo, que «no se trata de hablar de una mediación como un método de solución del conflicto». Según Margallo, que participaba en Bruselas en un consejo habitual de ministros europeos de Exteriores —donde habló de la cuestión con su colega italiana, Emma Bonino—, España no ha pedido a las autoridades comunitarias que desempeñen ese papel, pese a que las últimas declaraciones realizadas por el vicepresidente de la CE y comisario de Industria, Antonio Tajani, sí dejaban ver que iba a desempeñar dicho rol. Fuentes de la ACP, no obstante, declararon a la prensa panameña que no habría mediadores externos, salvo que se optará por recurrir a un arbitraje internacional, posibilidad que no gusta ni a la Autoridad ni a las empresas. «La solución al conflicto debe darse dentro de los mecanismos que indica el contrato firmado —a través de una junta bilateral— y ninguno incluye recurrir a un tercero».