Los inspectores de Hacienda quieren actuar de incógnito y pagar a confidentes

Como si fueran policías o guardias civiles en lucha contra el crimen organizado, los inspectores de Hacienda quieren que el futuro Estatuto de la Agencia Tributaria les dé carta blanca para actuar de incógnito y disponer de fondos ‘reservados’ para poder pagar a confidentes. Asimismo, reclaman una reforma del sistema de financiación de la Agencia Tributaria para que pueda quedarse con parte de la deuda fiscal liquidada y destinar esos fondos a contratar personal y sufragar sus actividades, además de un sistema de retribuciones con fuertes incentivos por objetivos y productividad.

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que agrupa a 1.500 de esos profesionales, presentó ayer en Madrid los principios básicos de su propuesta de Estatuto de la Agencia Tributaria. Una iniciativa elaborada a partir de las propuestas de sus asociados y que pretende —dicen— atajar «la pérdida de prestigio social por su supuesta falta de independencia» que ha sufrido este organismo a raíz de los últimos escándalos en torno al expediente de la cementera Cemex y el supuesto trato de favor a la Infanta en el caso Noos.

Como espías

Lo más llamativo de la apuesta de IHE es su interés por cambiar los protocolos de actuación, para que los inspectores puedan actuar con métodos similares a los que emplean los agentes de los servicios de información. «Queremos poder hacer actuaciones de incógnito, ahora no podemos», recalcó el presidente de la organización, Ransés Pérez Boga, que considera que su trabajo sería más efectivo si pudieran contar con «la posibilidad de la sorpresa» y cazar con las manos en la masa al obligado tributario que defrauda.

«Queremos poder pagar a confidentes y comprar datos fiscales» porque, según explicó el representante de los inspectores, ese es un método que ha dado buenos resultados en otros países. Para ello, han trasladado a las autoridades de la Agencia Tributaria un documento en el que demandan «el mismo régimen que tiene el Ministerio del Interior» para los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en sus labores policiales.

La asociación de inspectores propone también la creación de una ‘policía fiscal’, con personal procedente de las unidades operativas del Servicio de Vigilancia Aduanera. Esos agentes actuarían subordinados a un organismo de nueva creación, la Oficina Nacional Antifraude (Onaf), que integraría a funcionarios de la Agencia Tributaria, del Ministerio Fiscal y de las fuerzas de seguridad y asumiría las competencias de investigación del fraude organizado,