El comité de expertos no deja «títere con cabeza» en la reforma fiscal

«No ha quedado títere con cabeza». De esta forma tan gráfica resumía ayer su propuesta para la reforma fiscal el catedrático Manuel Lagares, presidente del comité de nueve expertos que ha analizado en los últimos ocho meses por dónde debería ir el nuevo modelo tributario que prepara el Ejecutivo para presentarlo en junio. El texto, prolijo, ya obra en manos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien admitió que «la pelota está ahora en el lado del Gobierno».

Pero, ¿por dónde ha ido su hacha fiscal? Pues por todos los impuestos, aunque con una línea argumental común: cualquier bajada directa —por ejemplo, reduciendo tipos— ha de ser compensada con una subida indirecta —eliminando más deducciones en buena parte de los casos—, de forma que el efecto sobre los ingresos fiscales resultaría inocuo, en línea con las ‘recomendaciones’ recibidas de la Unión Europea.

España padece un grave problema de ingresos, con un desplome de las bases imponibles (el dinero sujeto a impuestos) equivalente al 20% del Producto Interior Bruto (más de 204.000 millones de euros) desde 2007, de modo que a finales de 2013 apenas llegarían a los 1,1 billones de euros (1,1 veces el PIB). Por eso, en Hacienda tienen claro que el nuevo sistema fiscal, si bien «no será un mero retoque», tampoco resultará «un ajuste a la baja». Su idea es clara: «si se bajan impuestos será porque más personas los paguen».

En cualquier caso, y para no pillarse los dedos —menos aún ya en período electoral, con citas de todo tipo (europeas, autonómicas, locales y generales) hasta finales de 2015—, Montoro ha dejado claro que el informe de los expertos «no es vinculante». Ello tampoco quiere decir que para el Gobierno sea una más entre la docena de propuestas de distinto origen que tiene sobre la mesa;_simplemente, que sus recomendaciones más controvertidas pueden quedarse sólo en el papel.

Pagar por cualquier casa Y es que entre las 444 páginas de su informe —donde se proponen 270 cambios tributarios—, el comité recomienda, por ejemplo, recuperar la imputación fiscal por la vivienda habitual —por las segundas residencias u otros inmuebles ya existe—, eliminada en 1991. La medida iría en la línea de las recomendaciones de la Comisión Europea para elevar la fiscalidad sobre los inmuebles.

En ese mismo camino, los expertos también aconsejan eliminar todas las deducciones por vivienda con carácter retroactivo —ahora sólo existen para quienes compraron antes del 1 de enero de 2013 y con limitaciones—, aunque desde el Ministerio no contemplan esa posibilidad en su reforma. Lo que sí podrían hacer, y el comité lo respalda, es aplicar una nueva vuelta en el impuesto de bienes inmuebles (IBI), cuya carga ha subido más de un 50% en buena parte de los ayuntamientos desde 2008 merced a los cambios propiciados por el Gobierno.

Tipos marginales

En el IRPF, los expertos abogan por bajar los tipos marginales —tras la subida del Gobierno en 2012, llego a incrementarse hasta siete puntos en algunos casos, de manera que en comunidades como Cataluña el máximo ha alcanzado el 56%— a cambio de eliminar deducciones y, además, reducir tramos. Ahora hay siete —el último, para quienes ganan más de 300.000 euros anuales— y en Hacienda se plantean dejarlos en tres, aunque es probable que las rentas medias (de 17.500 a 53.500 euros al año) sigan soportando más del 80% del impuesto. Además, transformarían el mínimo exento actual en uno familiar que valore las cargas que tenga cada hogar.

No obstante, y en aras a lucha contra el fraude, contemplan nuevas deducciones por gastos sanitarios y de educación acreditadas con factura, así como limitar el sistema de módulos sólo para los negocios que vendan al consumidor final.

Sobre la tributación empresarial, abogan por reducir de cinco a 10 puntos el tipo máximo actual —del 35%, si bien el efectivo apenas llega al 11% para las grandes empresas— a cambio de podar aún más el árbol de las deducciones fiscales (incluidas las de I+D+i y creación de empleo), así como suprimir los tipos reducidos para las pequeñas y medianas empresas —ahora rebajado al 25%—.