Los expertos prometen 5.000 millones más de PIB al año con su reforma fiscal

«Espero que quien paga impuestos lo haga menos tras la reforma, y que empiece a hacerlo gente que hasta ahora no lo hacía… pero no sé si lo conseguiremos». Con esta declaración de intenciones cerraba ayer el veterano catedrático de Hacienda Pública Manuel Lagares su larga explicación de las 125 propuestas para la reforma fiscal que prepara el Gobierno —que implicarían hasta 270 cambios impositivos—, que se incluyen en el informe presentado en la víspera por el comité de nueve expertos que ha presidido.

Las 460 páginas del extenso estudio abarcan desde un resumen en inglés —destinado de forma implícita a las inversores extranjeros y a las instituciones internacionales— hasta un voto particular de uno de los miembros del equipo, el catedrático de Derecho Financiero Pedro Herrera, contrario a la propuesta de sus compañeros de recuperar en el impuesto de la renta la polémica imputación genérica por la tenencia de una vivienda —figura abolida en 1991—, sea la habitual o una segunda residencia. No le convenció su argumento de que sería una medida temporal y quedarían fuera las rentas inferiores a 20.000 euros.

Y es que las recomendaciones de los expertos sobre la tributación de la vivienda resultan polémicas e incluso algo incongruentes. De un lado, se propone la desaparición «progresiva» del principal tributo sobre la compra de casas (Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) porque ya están gravadas con el IVA, pero al mismo tiempo se aconseja una «profunda reforma» del impuesto de bienes inmuebles (IBI) que concluiría con una subida generalizada del mismo. Es decir, quieren que se compren más casas «para no agravar la crisis del sector», pero se castiga después el hecho de haberlas adquirido. En este sentido, también proponen la eliminación en un plazo «razonable» de las deducciones actuales.

Esta sensación de que el comité da una de cal y otra de arena se repite en otros puntos de su largo dictamen, hasta el punto de que las primeras reacciones conocidas ayer tras una primera lectura alternaban «coincidencias» con parte de su contenido y «claras divergencias» con el resto. Entre los más disconformes, los sindicatos UGT y CC OO;_por contra, entre los más satisfechos —aunque no del todo— destacó la Ceoe, que valoró la necesidad de una mayor coordinación tributaria entre administraciones y, sobre todo, la apuntada rebaja de cotizaciones sociales que, eso sí, ve «urgente».

Si algo quisieron dejar claro tanto el Ejecutivo como el comité es que el informe es sólo una amalgama de propuestas. «Habrá asuntos donde podamos coincidir y otros en que no», advirtió la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tras la reunión del Consejo de Ministros. «Este no es el proyecto del Gobierno», insistió, aunque no recortó en elogios hacia su trabajo.

El propio Lagares era consciente de su posición. «Es un informe independiente al máximo», puntualizó en su comparecencia ante la prensa. «No ha habido conexión con el Gobierno -más allá del encargo hecho el pasado 10 de julio-;_nosotros hemos hecho nuestro trabajo y ahora le toca al Ministerio de Hacienda encajar este damero maldito».

Lagares reconoció que su informe ha tenido «muy en cuenta» las recomendaciones de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos.