Los expertos proponen que las CC AA impongan copago en educación y sanidad

El Comité de Expertos designado por el Gobierno para la Reforma Fiscal propone que las comunidades autónomas utilicen la vía de los copagos sobre los servicios públicos como mecanismo de financiación. En el informe del grupo de expertos liderado por el catedrático Manuel Lagares se recomienda ampliar la capacidad normativa de las autonomías respecto a la posibilidad de establecer copagos en los servicios públicos, «como la sanidad y la educación, entre otros», y que desde la Administración central se establezcan unos límites «mínimos» para dichos copagos.

Para este colectivo de expertos «resultaría razonable extremar la capacidad normativa» de las comunidades en los copagos y aboga por incluirlos en el modelo de financiación autonómica, de tal manera que se fijarían unos «mínimos en los copagos de todas las CC AA que sirvan para calcular sus capacidades de generar ingresos, dándoles la posibilidad de que modifiquen los tipos del copago, cuyas consecuencias recaudatorias deberán asumir en exclusiva».

Las Comunidades Autónomas fueron responsables del 30% del gasto público total en España en 2012, un porcentaje mayor que el de la administración central si se excluye la Seguridad Social. Aunque las comunidades reciben alrededor del 32% de los ingresos impositivos recaudados en España (incluyendo las cotizaciones sociales), sólo tienen capacidad normativa sobre la mitad de ese 32%; es decir, que su autonomía impositiva afecta sólo al 17% de los ingresos tributarios de las administraciones públicas, un porcentaje inferior al de su autonomía en el gasto, señala el informe.

Incentivos perversos

Los expertos destacan que, cuando no existe una relación adecuada entre el gasto que se ejecuta y los ingresos que se deciden, «pueden aparecer incentivos perversos a incrementar el gasto público por parte de las autonomías dado que ese gasto será financiado por todos los ciudadanos del país y no exclusivamente por los pertenecientes al territorio que se beneficia del mismo».

Aunque defienden una mayor corresponsabilidad fiscal, también abogan por establecer «reglas fiscales que limiten la capacidad de generación de déficits y de endeudamiento de los gobiernos subcentrales». Estas reglas serían automáticas y de aplicación inmediata e irían acompañadas de sanciones para los incumplidores. Sin embargo, a la hora de ampliar la capacidad normativa autonómica, el comité de ‘sabios’ elegido por el Gobierno no encuentra muchos tributos «óptimos para la descentralización» que no provoquen distorsiones y pérdida de eficiencia económica. Aún así, destaca que «el cobro por el uso de los servicios resulta una vía de financiación eficiente» y se preguntan si este mecanismo «está recibiendo la suficiente atención en España».

Los expertos admiten que «no es fácil» que esta vía de financiación proporcione muchos recursos a las comunidades «por la resistencia de los consumidores y el desgaste político de quien los impone». Dentro de la vía de descentralización califican también de «buena elección» los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria dada la poca movilidad de la base impositiva y la estabilidad de los ingresos derivados de la misma. Desde el lado contrario, propugnan no ceder capacidad normativa en las bases que pueden mover su residencia fiscal. Descartan, por tanto, el Impuesto sobre Sociedades, la tributación de las rentas de capital o la tributación indirecta armonizada. Sí ven viable regionalizar los impuestos especiales sobre alcohol, tabaco y las primas de seguros, pero teniendo en cuenta la posibilidad de arbitraje fiscal.