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A. Lorente | Bruselas
León

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Bruselas confirmó ayer que el malestar existe, que las palabras del comisario Olli Rehn recriminando de forma velada al Gobierno de España su desconocimiento de la reforma fiscal —«no puedo decir que hayamos sido consultados intensamente», deslizó el viernes en Luxemburgo— tenían poco de casualidad y sí mucho de dardo envenenado.

Ayer lunes, 72 horas después de la presentación del gran proyecto de la era Rajoy, la Comisión Europea echó un jarro de agua helada sobre Moncloa. «Tenemos algunas preocupaciones de que las medidas anunciadas hagan más difícil para España cumplir con sus compromisos de consolidación fiscal», reconoció el portavoz de Rehn, Simon O’connor. Las reglas son claras: el déficit a cierre de 2015 no debe superar el 4,2% del PIB. Dicho de otro modo: el país deberá ajustarse en otros 24.000 millones en apenas año y medio. Y todo ello en año electoral. He aquí la preocupación. En Bruselas se dejan pocas cosas al albur de la improvisación y mucho menos, las declaraciones de todo un vicepresidente. De ahí que lo manifestado el viernes fuera toda una declaración de intenciones de lo que le espera al Ministerio de Hacienda en los próximos meses. Porque su reforma fiscal será analizada «cuidadosamente» por el equipo de Asuntos Económicos y no hay que olvidar que las cuentas españolas siguen bajo el estricto control de la UE al estar sometida a un procedimiento por déficit excesivo que en el peor de los casos podría desembocar en sanciones económicas.

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