El auditor de Gowex se refugió en una clínica de relajación tras saltar el caso

El socio de M&A José Antonio Díaz Villanueva, que auditó las cuentas de Gowex, ingresó en una clínica de relajación tras saltar el escándalo del falseamiento de las cuentas de la empresa y por ello no se le pudo localizar para notificarle su citación como imputado ante el juez Santiago Pedraz.

Díaz Villanueva se ha presentado esta mañana ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional después de que ayer su titular, Santiago Pedraz, le pusiera en busca y captura al no haber conseguido localizarle desde el pasado martes, cuando le convocó para declarar hoy como imputado, en ninguno de sus dos domicilios ni en varios teléfonos.

Fuentes jurídicas han explicado a Efe que el auditor se ha justificando afirmando que, a raíz de que la firma de análisis Gotham City Research alertara el pasado 1 de julio de las irregularidades en la facturación de Gowex, acudió a un médico psiquiatra, que le recomendó ingresar en una clínica de relajación.

Allí se encontraba cuando ayer su abogado le comunicó que había sabido por los medios de comunicación que Pedraz había ordenado detenerle.

Su letrado, según las mismas fuentes, le comunicó ayer esta circunstancia al juez, que ha dejado sin efecto la orden de detención internacional esta mañana, cuando ha comprobado que efectivamente Díaz Villanueva se había personado en su Juzgado.

Durante su declaración, el socio de la firma encargada de la auditoría de las cuentas de Gowex, que ha defendido que cumplió todos los requisitos legales desde el principio, ha revelado a Pedraz que comenzó cobrando 27.000 euros por su trabajo, cantidad que se disparó hasta los 300.000 euros el año pasado.

Sin embargo, ha reconocido que no declaró ni estos ingresos a la Hacienda Pública ni ningún otro a lo largo de su vida profesional y que no dispone de ningún bien, ya que todo su patrimonio está a nombre de sus cuatro hijos.

José María Díaz Villanueva ha salido de la Audiencia Nacional bajo libertad de 200.000 euros, que deberá abonar en metálico en el plazo de 15 días.

Su letrado ha considerado "desproporcionada por excesiva" esta cantidad, aunque ha indicado al juez que, dada la edad de su cliente, 72 años, en el caso de que tuviera que ingresar en prisión se le iban a aplicar todos los atenuantes, han asegurado las mismas fuentes.