El Consejo Económico Social pide un plan de choque contra el paro de los mayores de 45 años

El Consejo Económico Social (CES) aboga por un plan de choque a medio y largo plazo para reinsertar en el mercado laboral al colectivo de parados de entre 45 y 64 años, ya que se trata de un grupo de personas atrapadas en un paro "crónico", que además conlleva elevados costes sociales y económicos.

Según el informe que este organismo consultivo ha presentado ante su pleno y al que ha tenido acceso Efe, se trata de una franja de desempleados que en 2013 ascendió a 2 millones de personas, donde casi un millón no encuentra empleo desde hace más de dos años y que representa actualmente el 26% de la población parada.

El documento que ha sido remitido a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, advierte de que los parados de entre 45 y 64 años suponen el grupo con mayor porcentaje en riesgo de pobreza y exclusión.

Además, incide en que este desempleo es un "lastre" para los gastos públicos asistenciales que pueden amenazar incluso la viabilidad a largo plazo del sistema de pensiones y limitar la capacidad de recuperación del empleo en general.

El estudio aboga por impulsar más de treinta medidas, entre ellas ayudas e incentivos que fomenten el autoempleo en este colectivo, ya que asegura que el actual sistema de bonificaciones para evitar la destrucción de empleo entre los mayores "ha demostrado ser poco eficaz".

En este sentido, critica que los incentivos por contratación de mayores de 45 años no tengan en cuenta si se trata de parados de larga duración, y lamenta que la nueva deducción fiscal por creación de empleo que prevé dicho contrato no se centre en este colectivo.

Recuerda que pese a la obligación para las grandes empresas de realizar una aportación al Tesoro Público en el caso de despidos colectivos que afecten a trabajadores mayores de 50 años, este grupo sigue estando "claramente sobrerepresentado" en los ERE.

También añade que sería deseable un "rediseño" de la jubilación parcial que responda a una mayor gradualidad en el abandono del mercado de trabajo por parte de ciertos trabajadores.

El CES pide un plan estratégico que aborde la protección social de este colectivo porque en un plazo "no muy amplio" una gran parte de estas personas dejará de cobrar la prestación y tendrá que empezar a cobrar subsidios o rentas mínimas.

"Los costes de no hacerlo son claros e inasumibles para el futuro de nuestra sociedad", señala el informe, que pide una respuesta "coordinada" entre Gobierno y agentes económicos y sociales.

Para ello, cree que deberían cambiar algunas medidas como el requisito de edad para acceder al subsidio especial, que actualmente es de 55 años, y que bajara y se prolongara hasta la edad de jubilación.

En la misma línea, apuesta por reconsiderar el diseño de acceso a la Renta Activa de Inserción elevando su duración más allá de los 11 meses o suprimiendo el número de veces en que se puede percibir (actualmente en tres ocasiones).

Reseña que la causa más frecuente de salida del empleo en este colectivo ha sido el despido individual o colectivo e incide en que también se deben destinar más recursos económicos y humanos a las políticas de formación, y tener en cuenta que existen grupos prioritarios radicalmente diferentes que requieren políticas distintas.

Asegura que la reforma del modelo de formación profesional debe introducir medidas que incluyan permisos individuales de formación dentro de las empresas para estos trabajadores, así como una mayor diversificación de los contenidos profesionales o el reconocimiento y acreditación de la formación adquirida mediante la experiencia.

Otras medidas que propone son reforzar con recursos humanos los servicios de empleo, sobre todo en la orientación y facilitar el flujo más directo de información con las empresas.

Incluso ve relevante impulsar la creación de sector de entidades formadoras especializadas en los desempleados de más edad.

Por otra parte, añade que el Gobierno debe hacer una evaluación de todas las políticas para ver si las aplicadas son efectivas.