Hacienda quiere imputar un delito fiscal de tres millones a Blesa y Rato
Les ve responsables de que Caja Madrid no tributara por los gastos de las tarjetas B.
Rajoy, en la sesión de control al Ejecutivo en la que se abordó el caso de las tarjetas opacas.
En Hacienda no renuncian a poder imputar un delito fiscal respecto a los 15,5 millones de euros dilapidados con las polémicas tarjetas B (‘Black’) de Caja Madrid. Vista la práctica imposibilidad de atribuírselo a título individual a los 83 ex altos cargos que se beneficiaron de ellas entre 2003 y 2012 —dado que las cantidades presuntamente defraudadas por cada uno no superarían los 120.000 euros por ejercicio—, la Agencia Tributaria cree haber encontrado el medio para, al menos, poder acusar formalmente a los ex máximos responsables de la entidad.
Hablamos de los dos últimos presidentes de la caja de ahorros, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, junto al que fuera ‘número dos’ de ambos:Ildefenso Sánchez Barcoj, ex director general financiero y que también formó parte del comité de auditoría. El fisco pretende imputarles un delito fiscal por las retenciones que no se practicaron respecto al dinero gastado cada año con las tarjetas B, cuya límite anual oscilaba entre los 25.000 y los 50.000 euros según la «sensibilidad política» de cada usuario
En la Administración tributaria comparten, a priori, la consideración reconocida incluso por varios ex altos cargos de la entidad de que se trataba de retribuciones en especie disimuladas. Por ello, consideran que se debía haber tributado por el total que se gastaba anualmente con esas tarjetas, una media de 1,5 millones. Dado que el tipo fiscal aplicable a estos casos dentro del IRPF —en el Impuesto de Sociedades lo que habría que dilucidar es si fueron correctos los gastos que la caja se dedujo (todo los cargos se apuntaron en la cuenta de quebrantos)— oscilaba entre el 35% y el 42% (hubo un cambio legal durante el período analizado), hablamos de entre 525.000 y 630.000 euros que se habrían dejado de ingresar en Hacienda cada año.
Los cálculos
Sumados los cinco años que se pueden perseguir penalmente en un fraude fiscal —en la vía administrativa son sólo cuatro—, la cuota supuestamente defraudada estaría entre los 2,6 y los 3,1 millones, si bien se trata sólo de una estimación media. Blesa, Rato y Sánchez Barcoj se enfrentarían a este delito… y a otros. La Fiscalía Anticorrupción ve indicios —pendientes aún de consolidar— de que pudieron incurrir también en falsedad societaria en la medida de que hubieran «adulterado» sus cuentas anuales u otros documentos «que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad». Eso es lo que tanto en el Banco de España como en la CNMV estiman que pudo ocurrir, dado que no recibieron información de los pagos con tarjetas B e incluso sospechan que se habrían incluido datos ‘incorrectos’ en la partida de retribuciones para evitar que fueran descubiertos.