Rato solicita su baja temporal del PP ante la presión de los barones del partido

Las presiones se intensificaron a primera hora de la mañana. Varios barones del PP solicitaban abiertamente la expulsión de Rodrigo Rato del partido. Finalmente, el ex presidente de Bankia movió ficha en la noche de ayer. En una carta dirigida a la secretaria general, Rato pidió la suspensión temporal de militancia «hasta que todos los hechos queden esclarecidos». Fue la única concesión a sus compañeros de filas, porque volvió a insistir en la legalidad de sus acciones.

En el texto, quien fue vicepresidente del Gobierno con José María Aznar defiende haber actuado con el convencimiento de que las tarjetas, conocidas como opacas, fueron emitidas y controladas por la entidad para uso personal y como parte de su salario. «Como tal eran declaradas y contabilizadas», sostiene Rodrigo Rato.

El paso dado ahora responde, según sus palabras, a su voluntad de actuar «en interés del Partido Popular», a cuya disposición se pone para dar todas las explicaciones que se le requieran. En los próximos días tendrá la oportunidad de aclarar los detalles sobre el uso de las tarjetas B y defender su versión de los hechos. «Todos los militantes implicados serán oídos», adelantó ayer la número dos del partido, María Dolores de Cospedal.

La dirección del PP no quiere efectuar ningún movimiento que pueda acabar recurrido en los tribunales por no haberse respetado escrupulosamente los estatutos internos. De ahí que el Comité Nacional de Derechos y Garantías haya citado a los afectados antes de tomar una resolución definitiva. Ahora, el expediente abierto a Rato queda paralizado.

El presidente, Mariano Rajoy, prometió a los suyos, en una reunión a puerta cerrada, «contudencia», «rapidez», pero también «legalidad». No pronunció los términos tabúes, «Rato» y «expulsión», pero todos leyeron entre líneas. Se trataba de calmar los ánimos con los que se topó a su llegada al Comité Ejecutivo. Los presidentes del partido en Valencia y el País Vasco acababan de pronunciarse solicitando la salida de quien fue vicepresidente del Gobierno con José María Aznar. Tanto Alberto Fabra como Arantza Quiroga reclamaron ejemplaridad. «En estos momentos no caben esas conductas ante los ciudadanos», concluyó el dirigente valenciano.

Aunque la normativa del PP fija un plazo de dos meses para resolver los expedientes informativos, el presidente avanzó que la investigación se esclarecerá en el «plazo más breve posible». La rapidez fue precisamente una de las demandas que los populares plantearon ayer en el seno del Comité Ejecutivo.