CONFLICTO LABORAL
La Audiencia Nacional obliga a Coca-Cola a readmitir ya a los 821 trabajadores despedidos
El juez ordena ejecutar la sentencia mientras se resuelve el recurso ante el Supremo
La Audiencia Nacional ha ordenado a Coca-Cola a readmitir ya a los 821 trabajadores afectados por los despidos que fueron considerados nulos, sin esperar la resolución del recurso presentado por la empresa. De este modo, la Sala de lo Social de la Audiencia acuerda admitir las solicitudes de ejecución provisional que plantearon los sindicatos CCOO y UGT.
Esta misma sala fue la que declaró nulo el pasado 12 de junio el proceso de despido colectivo de 1.190 trabajadores puesto en marcha por Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), de los que finalmente ejecutó 821 y que supuso el cierre de las fábricas de Fuenlabrada (Madrid), Mallorca, Alicante y Asturias. Además, obligaba a la readmisión de los despedidos, con abono de los salarios dejados de percibir. Contra esta sentencia, la empresa presentó recurso de casación en el Supremo.
PAGO DE SALARIOS
La Audiencia da ahora un plazo de cinco días hábiles a las empresas de Coca-Cola para que se manifiesten si, mientras se tramita el recurso, van a exigir a los empleados afectados que vuelvan a trabajar en las condiciones que regian antes de su despido. También ordena que abonen los salarios debidos desde la nulidad del despido y que siga abonándolos mientras se tramite la casación ante el Supremo. Para ello en el plazo de un mes, Coca-Cola tendrá que cuantificar los salarios de cada trabajador con sus intereses y la deuda correspondiente a cada uno de ellos y su fórmula de pago.
La sala avala a los miembros del comité de empresa de Fuenlabrada para que continúen desarrollando las funciones propias de su cargo y advierte a las empresas ejecutadas que si lo impiden o ponen obstáculos se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad laboral.
La Audiencia Nacional anuló los despidos, que la compañía llevó a cabo el pasado mes de abril, argumentando que no realizó adecuadamente el proceso de fusión por el que ocho embotelladoras se unieron en una y no comunicó el cambio de empresa a los representantes de los trabajadores.
También destacaba que no se informó como correspondía a los sindicatos de los planes de reestructuración y que se produjeron prácticas de esquirolaje (que también reconoció Inspección de Trabajo), al trasladar la distribución de producto de las plantas en huelga a otras en activo.