Hacienda investiga a Caja Madrid y a Bankia por el caso de las tarjetas B

Hacienda lleva meses investigando las declaraciones tributarias de Caja Madrid y Bankia, así como de los 83 beneficiarios de las llamadas tarjetas Black —salvo la ya fallecida Mercedes de la Merced-, con las que se dilapidaron 15,5 millones de euros entre 2003 y 2012, si bien se empleaban desde varios años antes. Así lo confirmaron este martes tanto algunos de los propios investigados como fuentes jurídicas.

En el caso de ambas entidades, vinculadas entre sí —la caja formó parte de la fusión de otras entidades de ahorro regionales que alumbró el banco a finales de 2010-, la Agencia Tributaria está revisando si se hizo de forma correcta el pago de distintos impuestos entre 2008 y 2012, desde el de Sociedades, al IVA o los certificados de renta (IRPF) sobre los emolumentos de su cúpula, tanto altos directivos como miembros del consejo de administración.

También se están comprobando las retenciones practicadas en varios gravamenes inmobiliarios, así como la declaración anual de sus operaciones. En total, se han abierto media docena de inspecciones fiscales en el último año (desde marzo de 2014 hasta enero pasado), si bien casi todas las posibles irregularidades que se tratan de esclarecer corresponden a la etapa de Caja Madrid, cuyo negocio bancario fue asumido por Bankia.

En cualquier caso, Hacienda ha comunicado al instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, que sus pesquisas «se han limitado» por ahora «a la captación de datos» de ambas «sin que se haya finalizado el análisis». Algo parecido ocurre con las inspecciones abiertas a los beneficiarios de las tarjetas B, que ya han empezado a presentar declaraciones complementarias. No podrán, sin embargo, eludir multas y recargos ni tampoco posibles delitos fiscales (si el fraude supera los 120.000 euros anuales). El director de la Agencia, Santiago Menéndez, se limitó a decir ayer que ésta «actúa siempre donde tiene que hacerlo».

Varios de ellos, sin embargo, se han apresurado a alegar ante el juez que, de existir tales delitos, habrían prescrito ya por el tiempo transcurrido. Así lo han esgrimido los exconsejeros Pablo Abejas, José María Buenaventura y Elena Gil. Otros, no obstante, apuntan directamente a la caja de ahorros como la responsable de rendir cuentas al fisco y practicar las retenciones pertinentes.

Esto último lo sostuvieron este martes varios de los nueve exconsejeros de la entidad que declararon como imputados, y para los que la Fiscalía volvió a pedir sendas fianzas civiles según lo gastado por cada uno más el tercio legal. El más directo fue el expolítico socialista José María de la Riva (empleó 208.900 euros con su tarjeta), al afirmar que fue el entonces secretario general, Enrique de la Torre, quien le dijo que la caja fiscalizaría los gastos porque había un acuerdo con Hacienda. La misma versión fue ratificada luego ante el magistrado por su excompañero Jesús Pedroche (132.200 euros).

Algo parecido declaró otro exconsejero, José Manuel Fernández Norniella (175.400 euros), que fue secretario de Estado de Comercio con el PP. Aunque precisó que era más bien un pensamiento suyo (el control fiscal por la caja) pues los gastos venían en el informe de gobierno corporativo.