Andorra aislará en un banco malo los activos tóxicos de BPA Los precios públicos dejarán de actualizarse según el IPC
El recién nombrado Gobierno de Andorra aprobó ayer en un consejo de ministros extraordinario la Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades Bancarias para gestionar el caso de Banca Privada d’Andorra (BPA). El texto, que hoy se presentará al Consell General (Parlamento) y que previsiblemente será aprobado por los grupos parlamentarios, se inspira en la directiva 2014/59 de la Unión Europea y su objetivo es afrontar el proceso fuera de la vía judicial.
Demostrar capacidad
El ministro de Finanzas, Jordi Cinca, dice en que la ley se ha inspirado en la directiva europea «para enviar un mensaje a la comunidad internacional de que se trabaja bajo el amparo de lo que dice la Unión Europea» y demostrar que el país «tiene la capacidad de encontrar una solución con mucha rapidez».
Se creará un organismo profesional que planteará la mejor salida para firma, así como un ‘banco malo’ que permita separar el negocio «ilícito», aseguraron ayer desde el Gobierno de Andorra.
La evolución del coste de la vida, tal y como mide la inflación mes a mes, no servirá para que la Administración determine los precios de los servicios públicos. A partir de ahora será un cálculo que cambiará dependiendo de los costes que generen. Así lo determina la Ley de Desindexación de la economía, impulsada por el departamento que dirige Luis de Guindos, y que entró en vigor ayer.
Esta norma desvincula numerosas tasas del Índice de Precios al Consumo (IPC), como ocurría hasta ahora. Concebida inicialmente para evitar una espiral de precios, la ley llega en un momento en el que la inflación acumula nueve meses en negativo (hasta marzo, ha caído un 0,7%).