Los fiscales ponen pegas a la publicación de sentencias de fraude al fisco

El Consejo Fiscal, órgano asesor de la fiscalía general del Estado, ha puesto reparos a la publicación de las sentencias de delitos fiscales por entender que podría vulnerar el derecho al honor de los condenados y porque dicha publicación no incluye otros delitos "de mayor respuesta punitiva" como delitos contra la vida, integridad física, libertad sexual o contra la administración de justicia.

Los fiscales han examinado esta propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy y han concluido que esta publicación debe entenderse como una sanción inédita en la vía penal, aunque ya se da en la jurisdicción civil en los casos de injurias y calumnias cuya publicidad busca "reparar el daño causado al perjudicado".

Sin embargo, en este caso los fiscales sostienen que la divulgación de estos fallos puede "frustrar la reeducación y reinserción social" de los delincuentes por lo que proponen varias medidas. El Consejo Fiscal, por ejemplo, es partidario de que una vez que el condenado cumpla su castigo salga de la lista pública. También que alternativamente se remitan estas resoluciones a las administraciones implicadas, ya que uno de los fines de la reforma es garantizar que estas personas no puedan acceder a contratos públicos o subvenciones.

LIMITACIONES

Asimismo, los fiscales plantean que la divulgación de estos fallos puede lesionar el derecho al honor de los condenados, ya que los ciudadanos tienen derecho a asistir a los juicios, pero no a recibir las sentencias. También subrayan que sería conveniente limitar las sentencias que deben ser publicadas, ya que no todos los condenados tienen relevancia pública. Por ello, son partidarios de que se limite la publicación de datos y la forma de acceso a los mismos.

Además, los fiscales rechazan que esta reforma se pueda aplicar con carácter retroactivo y piden que solo, si finalmente el anteproyecto sale adelante, que sea para nuevos casos. Y que esta reforma se incluya en la modificación del Código Penal y no en la Ley Orgánica del Poder Judicial.