El Gobierno mantiene la idea de que el autoproductor de energía pague un peaje

La patronal del sector solar fotovoltaico (Unef) considera que el Gobierno pretende frenar la expansión del autoconsumo. La reacción se produce después de que el Ministerio de Industria haya remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el proyecto de real decreto para regular la autoproducción eléctrica.

En esencia, el proyecto mantiene el principio de que los autoproductores que estén conectados a la red general "tengan que hacer frente, al igual que otros consumidores, a los costes del sistema eléctrico". Eso significa que deberán pagar los peajes de acceso a la red de transporte y distribución, tanto si utilizan no la red general como si no.

Según el director general de la Unef, José Donoso, lo que se persigue es "poner una barrera económica" para evitar que crezca una forma de producción energética que en otros países se subvenciona. "No es tanto la repercusión económica que puede suponer para Red Eléctrica que se deje de pagar por una cantidad de energía sino la pérdida de cuota de mercado", añade.

MODELO ENERGÉTICO

La Unef considera que el proyecto "pretende imponer de manera artificial un modelo energético del pasado basado en las energías fósiles y el mantenimiento del consumidor al margen de la generación de energía", según Jorge Barredo, presidente de Unef.

"Resulta paradójico que en el Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno publique una normativa diseñada específicamente para poner una barrera económica que desincentive a los ciudadanos a invertir en sistemas de ahorro energético basados en las energías limpias. El texto presentado hoy es discriminatorio, atenta contra las libertades individuales y la eficiencia energética y vulnera la legalidad", añade.

Unef lamenta que el Gobierno haya publicado prácticamente el mismo texto que ya se conocía, con unos mínimos cambios en la redacción por los que el anterior "peaje de respaldo" se divide ahora en dos "impuestos al sol", pero manteniendo el mismo espíritu desincentivador.

SIN RECOGER APORTACIONES

Asimismo, denuncia que el nuevo texto no ha recogido ninguna de las críticas al mismo que se han realizado desde el sector fotovoltaico, la sociedad civil –sindicatos, asociaciones de consumidores, ambientalistas-, los organismos reguladores, el propio Gobierno –Defensora del Pueblo-, el grueso de los partidos de la oposición e, incluso, desde el seno del propio PPr en comunidades como Extremadura, Murcia o Baleares.

A su vez advierte de que pretende aplicarse de forma retroactiva a todas las instalaciones ya existentes, vulnera la Constitución Española y las Directivas 2009/72/CE, de 13 de julio, del mercado interior de la electricidad y 2009/28/CE, de 23 de abril, de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

La medida además afectará "gravemente" a la transición al nuevo modelo energético basado en las energías renovables, la generación distribuida y la eficiencia energética en nuestro país y "pone en considerable riesgo el cumplimiento de los objetivos a 2020 comprometidos con la Unión Europea de reducción de CO2, alimentación con fuentes de energías renovables y eficiencia energética".