Las autopistas de peaje se quedan sin rescate pese a la amenaza de quiebra

El Ministerio de Fomento ha terminado arrojando la toalla en uno de los puntos que su titular, Ana Pastor, situó como eje de sus actuaciones a los pocos meses de llegar al cargo. El rescate de las autopistas de peaje en riesgo de quiebra es ya historia, puesto que el Gobierno ha decidido no dar un paso más.

No obstante, seguirá defendiendo en los tribunales su plan de ‘salvación’, reconvertido en propuesta de convenio para los concursos de acreedores en que se hallan inmersas nueve vías de pago. Otra más, la autopista Alicante-Cartagena, se desvinculó a finales de 2014 del proyecto tras pactar con los acreedores una quita del 30% en su deuda de 240 millones y, a la vez, lograr un nuevo crédito de otros 196 millones.

Las condiciones, a priori, parecían peores que las ofrecidas por Fomento desde hace más de un año -básicamente una quita del 50%, reconvirtiendo el resto de la deuda en un bono a 30 años cuyo interés ha sido uno de los puntos de disenso-, aunque tenían una gran ventaja: no había que esperar para firmarlas. Y es que uno de los lastres que más ha pesado en contra del acuerdo han sido los distintos intereses cruzados.

De un lado, el Gobierno, donde Fomento llevaba la ‘voz cantante’ pero Hacienda había dejado claras las líneas rojas. En primer lugar, era muy problemático que la citada emisión tuviera la garantía del Estado -dado lo que supondría en consolidación de deuda- y, asimismo, aunque se podía negociar un aumento del rendimiento previsto (similar al del bono español), tampoco había mucho margen. Además, de integrarse las vías de peaje en quiebra en una nueva sociedad pública -remedo de la antigua Empresa Nacional de Autopistas, privatizada en 2003-, habría que tener un cuidado extremo para que al menos el 50% de sus gastos fueran cubiertos por la actividad comercial o engrosarían el déficit.

Y enfrente de la Administración, hasta tres partes distintas en un principio. La más fuerte, la banca acreedora, que se juega 3.470 millones de euros con estas autopistas una vez descontada la parte correspondiente a la AP-7 (Alicante-Cartagena). Liderada por las entidades nacionales, que asumen dos tercios de esos ‘números rojos’, llegó incluso a un principio de acuerdo con Fomento, pero las expectativas se vieron frustradas al concretar la letra pequeña.

Más combativas se han mostrado constructoras y concesionarias, que terminaron yendo de la mano bajo el paraguas de la patronal Seopan. Las primeras centran sus peticiones en que se les abonen los sobrecostes por las obras de las autopistas y la expropiación de terrenos, unos 470 millones. Y las concesionarias piden que se reconozca el valor inicial de sus participaciones, que supondría otros 350 millones.

Pero en el Gobierno han hecho números y ven menos oneroso para las arcas públicas la quiebra que el rescate -sin olvidar una cierta moderación en la caída del tráfico (-4,6% de media el primer cuatrimestre)- y desde Bruselas ponen mucho énfasis en esto.