La subida de las pensiones por encima del 0,25% divide al Gobierno
La Oficina Económica defiende que la revalorización aplicada debe ser la mínima.
Los pensionistas suponen ocho millones de personas.
El Gobierno ya está metido de lleno en la carrera electoral. El adelanto a este mismo mes de la rebaja del IRPF prevista para 2016 no va a ser la única medida que saque antes de las elecciones. Pero hay una en concreto que divide al Gobierno y al Partido Popular: la subida de las pensiones por encima del 0,25% el próximo año. «Las elecciones generales no excluyen la responsabilidad», sentencia una fuente gubernamental para explicar que lo importante es asegurar el equilibrio y la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Este Gobierno defendió en la última reforma de las pensiones incorporar el Índice de Revalorización automático argumentando que sería una fórmula que sacaría a las pensiones del juego político. El objetivo del Índice y del Factor de Sostenibilidad es que el sistema alcance el equilibrio presupuestario.
Quienes defienden que la subida sólo puede ser la que resulte de aplicar el Índice de Revalorización -entre los que está la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno- se apoyan además en que la evolución de los precios ha permitido que, con revalorizaciones pequeñas, los pensionistas ganen poder adquisitivo. En los dos últimos años, han ganado 2.085 millones de euros de poder adquisitivo, según datos de la Seguridad Social porque la inflación ha sido más baja, incluso negativa durante once meses seguidos.
«Reclamar ganancias adicionales no deja de ser un ejercicio de voluntarismo”, subrayan fuentes gubernamentales. Sin embargo, en clave electoral se vería con buenos ojos una medida beneficiosa para un colectivo que agrupa a más de ocho millones de personas.
El nuevo sistema de revalorización no deja la decisión al arbitrio del Gobierno porque consiste en una fórmula matemática que calcula la subida de forma automática con una serie de parámetros como los ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social o la evolución de la inflación. Mientras el sistema esté en déficit, como ocurre ahora, las pensiones no pueden subir más del 0,25% que es el suelo fijado por ley. Las mismas fuentes reconocen que el Gobierno tiene autonomía política para decidir alzas adicionales si dispone de recursos suficiente. Lo que le impide la ley es cargar el importe de esas subidas al sistema de Seguridad Social. Es decir, que si el Ejecutivo optara por aprobar una subida generalizada del 1% para todas las pensiones tendría que sacar de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 una partida de casi mil millones de euros y transferírsela a la Seguridad Social para pagar ese aumento. Además, también tendría que cubrir la consolidación de esa subida con lo que los Presupuestos tendrían que aportar a la Seguridad Social casi 2.000 millones de euros.