División por los recortes a los funcionarios
El Constitucional respalda por una mayoría ajustada la reducción de días libres por el déficit y que el Gobierno no llegó a invadir competencias de las autonomías.
Victoria pírrica, aunque suficiente, para las discutidas tesis del Gobierno sobre la necesidad de hacer recortes en las condiciones laborales y salariales que disfrutan los funcionarios para ayudar a reducir el déficit público. Según el Pleno del Tribunal Constitucional (TC), que se ha dividido en dos por lo polémico de la cuestión, el gabinete que preside Mariano Rajoy estaba legitimado para recortar en julio de 2012 a la mitad (de seis a tres) sus días anuales de libre disposición, más conocidos como ‘moscosos’, y también eliminar las fechas de libranza en función de la antigüedad de cada uno, llamadas ‘canosos’.
Aunque la decisión no fue precisamente pacífica -seis de los 11 magistrados del TC (desde abril hay una vacante por fallecimiento) votaron a favor de la medida gubernamental y otros cinco en contra-, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ve refrendada así una parte de sus medidas de ajuste precisamente cuando ha abierto la puerta a negociar con los sindicatos de la Función Pública la recuperación progresiva de los derechos perdidos. A este respecto, su titular, Cristóbal Montoro, señaló el jueves que «estudiamos escenarios de creciente retribución para los funcionarios».
Eso sí, el aval del Constitucional le vale para sentarse en la mesa de negociación con más argumentos jurídicos para hablar con los representantes sindicales sobre el régimen de permisos y vacaciones de los funcionarios. Para la mayoría de miembros del órgano máximo intérprete de la Carta Magna, el Gobierno podía reducir o incluso suprimir parte de esos días a fin de cumplir con sus obligaciones presupuestarias -y también los compromisos con la UE- siempre que ello «no menoscabara la prestación de los servicios públicos que se estimaran esenciales».
Y podía hacerlo, además, sin que su actuación unilateral pueda ser considerada una invasión de competencias autonómicas, como sostenían hasta media docena de comunidades distintas en los recursos de inconstitucionalidad que interpusieron en su día.
Desde el TC afirman que sí existía una coyuntura económica marcada por la crisis que amparaba el comportamiento del Ejecutivo.