España, en el objetivo de Bruselas debido a las trabas a la liberalización
Esta situación podría acarrear sanciones también para otros cinco países.
La Comisión abrió un expediente a seis países.
La Comisión Europea (CE) suele tender a hacer escarmientos entre algunos de sus socios para ejemplo de otros. Y aunque normalmente suelen ser los Estados más pequeños, también les puede tocar a los teóricamente grandes… o casi. España es uno de ellos y está en el objetivo de las autoridades comunitarias por dos asuntos espinosos donde, curiosamente, el Gobierno pretendió en su día dar ejemplo.
De un lado, la frustrada reforma de los colegios y servicios profesionales, que ha quedado definitivamente guardada en los cajones. Por otro, la apropiación de competencias que en su día la Administración cedió libremente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), bajo el fin de crear un ‘superregulador’ pretendidamente independiente y muy poderoso.
El primer caso es, quizá, el más llamativo porque el Ejecutivo puede pasar de estar a la vanguardia de Europa -la Ley de Servicios Profesionales se le recomendó en 2011 a Rodríguez Zapatero y, luego, ya con Rajoy, se dispuso de un borrador a finales de 2012- a quedarse en la retaguardia o, al menos, es la imagen que daría si en Bruselas terminan sancionando a España, junto a otros cinco socios europeos -Alemania, Austria, Polonia, Chipre y Malta-, porque los requisitos que han de cumplir en esos países los prestadores de determinados servicios no se ajustan a las directivas de la UE.
A mediados de junio la Comisión abrió a los seis Estados un primer expediente informativo -que podría devenir en sancionador-, donde les requería que en el plazo de dos meses respondieran a su requerimiento con argumentos y pruebas que demostraran que sus acusaciones son erróneas. Las autoridades europeas les reprochan que sigan manteniendo en sus territorios respectivos barreras a la libre prestación de servicios profesionales -«uno de los pilares del mercado único», resaltan-, en forma de restricciones a participar en una sociedad -tanto en la forma jurídica (exigen que tengan el 100% de los derechos de voto) como en el capital y en su sede en un territorio determinado-, de las titulaciones que son necesarias para ejercer o incluso de las tarifas a cobrar.
En el caso concreto de España, además, se pone el énfasis en los aranceles que cobran los procuradores y en la incompatibilidad que tienen para ejercer como abogados en algunas actividades. La filosofía es común en toda Europa: no debe haber tarifas mínimas porque quiebran la competencia y perjudican al cliente.
Parte de estos problemas eran subsanados en el primer borrador que elaboró el Ministerio de Economía. Se eliminaban barreras entre arquitectos e ingenieros.