La deuda alcanza el 98,5% del PIB tras el repunte del gasto ante las elecciones
El endeudamiento de las Administraciones subió en 20.000 millones entre mayo y junio.
Ya lo advertía el informe ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado este jueves: los niveles «considerables» de deuda pública suponen un «desafío» para el futuro de la economía española. Y, por ahora, no se atisba ningún elemento que pueda ayudar a frenar el creciente endeudamiento que acumula la Administración.
En junio, la deuda pública del conjunto del Estado, las Comunidades y los ayuntamientos repuntó en 12.638 millones, hasta superar los 1,053 billones, según los datos actualizados por el Banco de España. De este modo, la deuda supone ya el 98,5% del Producto Interior Bruto (PIB), si se toma como referencia de cálculo el indicador adelantado del PIB del segundo trimestre del año. El país acumula una deuda que se ha disparado desde mayo, precisamente cuando las estadísticas recogen las emisiones que ha tenido que realizar la Administración para financiar el incremento del gasto público y de la inversión realizado por muchos gobiernos, sobre todo los autonómicos y locales, en época pre-electoral.
En detalle
Entre mayo y junio España ha acumulado un endeudamiento adicional de 20.519 millones, el nivel más elevado desde mediados de 2014. De hecho, el incremento de la deuda en junio, que supone un aumento del 60% sobre mayo, es el mayor de los 12 últimos meses. En abril, el Estado había conseguido rebajar el nivel de deuda, por primera vez desde que comenzara 2015, en más de 13.600 millones. Pero después no ha sido posible repetir esta disminución del endeudamiento global de la Administración. Desde mediados de 2014, ha aumentado más de un 4%.
Los datos publicados en las últimas semanas ya apuntaban que el primer semestre del año había sido muy duro para las cuentas públicas, sobre todo en las Comunidades que habían convocado elecciones el 24 de mayo. El conjunto de las Administraciones Autonómicas registró hasta mayo un déficit de 5.309 millones, un 0,48% de su PIB, solamente una décima menos que en el mismo periodo de 2014, a pesar de contar con mecanismos extraordinarios de financiación por parte del Estado, en muchos casos con un coste del 0%. De hecho, dos de las partidas más sensibles para las cuentas públicas se habían disparado en la primera parte del año: un 3,8% en el caso de los gastos de personal, por la culminación en los procesos de selección y oposiciones de funcionarios y personal laboral; y hasta un 5,5% en materia de inversiones, sobre todo en obra civil, para culminar antes del 24 de mayo las obras que se habían paralizado durante buena parte del anterior mandato de presidentes autonómicos y alcaldes.