Los requisitos del bono social se endurecieron desde 2009

El sistema de ayudas para familias vulnerables pasó por numerosos altibajos desde que se constituyera en 2009. En aquel año, los beneficiarios no sólo disponían de un descuento en el consumo que realizaran sino también en la parte de la factura de la potencia, cuyo coste era nulo para estos usuarios. Un año después, con la crisis económica en auge, el bono social dejó de financiar la parte de la potencia para centrarse en la de la energía gastada.

Además, entre las propias compañías del sector han aparecido problemas por su gestión. Iberdrola denunció el mecanismo de asignación de costes del Ministerio de Industria por discriminatorio y consiguió que el Tribunal Supremo le diera la razón. El Alto Tribunal dictaminó que el importe debía cargarse a las compañías que desarrollasen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización.

Parte de la sangría de beneficiarios registrada hasta ahora se debe a que desde 2013 cambiaron las condiciones para obtener este descuento. Desde entonces, Industria obliga a que, además de cumplir con alguno de los tres requisitos básicos (potencia inferior a 3 kilovatios, pensionistas con prestaciones mínimas, parados o familias numerosas), el titular del contrato no tenga una renta superior al 120% del salario mínimo interprofesional (unos 10.900 euros).

El coste anual del bono social roza los 200 millones.