La Audiencia ve indicios de delito en los pactos de las petroleras

Las petroleras han entrado en un peligroso vericueto con su aparente política de no agresión en algunas cuestiones y zonas, ya sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). A los 70 millones de euros que ya acumula en multas administrativas por no respetar las normas del libre mercado se pueden unir ahora incluso penas de prisión.

Y es que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el mismo instructor del caso Bankia, ha abierto diligencias penales para determinar si los acuerdos irregulares sobre precios por los que fueron multados en febrero con 32,4 millones de euros pueden constituir también un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas.

Según la OCU y la asociación Manos Limpias, que presentaron sendas querellas admitidas ayerprevio informe favorable de la Fiscalía, de lo actuado por la CNMC se derivan «indicios suficientes» de que sí existiría una responsabilidad penal que, al menos en primera instancia, podría recaer en los máximos responsables de las petroleras investigadas.