Los acusados por las tarjetas ‘black’ quieren que devolver el dinero les sirva de atenuante
Rato y Norniella lo ven «esencial» para su derecho de defensa durante el juicio.
El ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato.
La maquinaria jurídica de las defensas de los 66 imputados por la trama de las llamadas tarjetas ‘black’ ya se ha puesto en marcha para intentar frenar un juicio que parece cantado, aunque la celebración de la vista oral puede demorarse todavía alrededor de un año. Una decena de ellos han recurrido el auto dictado hace apenas una semana, que cerraba la instrucción apreciando indicios delictivos en todos ellos, bien sea por administración desleal (caso de quienes fueron consejeros o tuvieron esa capacidad de decisión) o apropiación indebida (para los directivos sin dicho mando).
Rodrigo Rato, quien fuera el último presidente de Caja Madrid y luego de Bankia, se ha apresurado a pedir que el juez haga constar por escrito que devolvió «voluntariamente» los 99.054 euros que gastó con esas tarjetas opacas -en total, se despilfarraron 15,3 millones con ellas entre 1999 y 2012, en asuntos «personales y propios», según el instructor del caso-. Más aún, pretende que se especifique que lo hizo antes de abrirse el caso y de que la Fiscalía Anticorrupción abriera las primeras diligencias, pues ve esa precisión «esencial» e «imprescindible» para ejercitar «adecuadamente» su derecho de defensa.
Los abogados del que fuera vicepresidente económico del Gobierno saben que reintegrar los fondos sin mediar petición alguna del banco podría ser considerado un atenuante por el tribunal correspondiente a la hora de dictar sentencia. Idéntico planteamiento ha hecho la defensa del ex consejero José Manuel Fernández Norniella.
Otra docena de acusados también procedieron a devolver el dinero: en conjunto, apenas se han retornado 2,2 millones de lo gastado, lo que representa el 14%. Estos últimos, sin embargo, solo lo hicieron tras estallar el escándalo y, además, solo media docena se dirigió directamente a Bankia y el resto optó por vías interpuestas (la Fundación Caja Madrid, el propio juzgado, un acta notarial dando fe de que se reserva dicho depósito).
En paralelo, ambos han recurrido junto a otros imputados por las ‘black’ el auto que da pie a que califiquen las partes -las penas a pedir pueden llegar a seis años de cárcel-, a fin de dilatar así la instrucción. Por ejemplo, Estanislao Rodríguez Ponga (ex secretario de Estado de Hacienda) trata de acreditar que los datos que sirven de base al caso fueron obtenidos «ilícitamente por la auditoría interna» del banco.