Anticorrupción pide seis años para Blesa y cuatro y medio para Rato por las ‘black’
Bankia pide penas algo menores y coincide con la Fiscalía en lo «opaco» de la trama.
Complicado futuro judicial para Miguel Blesa y Rodrigo Rato, los dos últimos presidentes de Caja Madrid, a quienes la Fiscalía Anticorrupción y las diferentes acusaciones personadas en el caso Bankia sitúan como los dos principales responsables de la trama «opaca» que propició el despilfarro de 12 millones de euros en 10 años (2003-2012) a través de las denominadas tarjetas ‘black’, sin ninguna suerte de control formal y, menos aún, autorización de los órganos correspondientes. Las penas más grandes las solicita hasta ahora el partido UPyD, con 10 años de cárcel para cada uno.
No obstante, el escrito que el tribunal suele tener más en cuenta es el del Ministerio Público, al regirse bajo el principio de imparcialidad. Y la condena más alta que éste solicita son seis años de prisión para Blesa y otros cuatro y medio para su sucesor, Rato, en ambos casos como presuntos autores de un delito continuado de apropiación indebida. Es el mismo que atribuye, aunque en dos modalidades distintas según la cantidad de la que se hubieran aprovechado, a otros 64 ex altos cargos, ex consejeros y ex directivos de la caja de ahorros madrileña y de la propia Bankia, resultado de su fusión a finales de 2010 con otras cinco entidades regionales.
Círculo vicioso
Para la Fiscalía, no hay duda de que fue Blesa el que inició este círculo vicioso de gastos aparentemente injustificados a costa de ambas entidades financieras con la entrega de esas polémicas tarjetas de crédito de clase Visa Oro, de las que solo él decidía su importe máximo y qué personas podían disfrutarla. Todo ello para realizar cargos «de libre disposición, ajenos al desarrollo de cualquier actividad de representación oficial o al desempeño de funciones al servicio» de Caja Madrid o Bankia, según fuera el caso.
Se consagró así una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal, previsión estatutaria, soporte en los correspondientes contratos mercantiles o de trabajo, o bien respaldo en acuerdos formalizados o decisiones adoptadas por los órganos de administración». Nada de nada. De hecho, prosigue Anticorrupción, «para dotar de la necesaria opacidad» a esas remuneraciones las tarjetas se emitieron «al margen del circuito ordinario», contabilizándolas además «de forma indebida y subrepticia» en sendas cuentas destinadas a «regularizaciones por fraudes, negligencias, errores internos, etcétera» en vez de donde iban el resto de tarjetas.
Hacienda nada sabía «Con el mismo propósito —sostiene el Ministerio Público en su escrito de acusación— de ocultar la verdadera naturaleza y finalidad de su emisión», Caja Madrid «nunca» hizo las retenciones fiscales correspondientes, por lo que tampoco nunca fueron declaradas a Hacienda ni por la entidad ni por sus beneficiarios.