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León

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J. A. Bravo | Madrid

El Poder Judicial acaba de dar una nueva reprimenda al Ejecutivo por excederse en sus atribuciones, pese a que en esta ocasión la intención de fondo de los gobernantes pudiera ser buena. Lo cierto es que el Tribunal Supremo prefiere no entrar en esa motivación y se limita a anular el poder reforzado que el Gobierno de Zapatero dio en sus últimos días a los notarios. Debido a la polémica aún viva hoy en día que se originó en aquella época sobre las clausulas abusivas de algunas hipotecas, junto a los posibles excesos que se podían cometer por las entidades financieras, el Ministerio de Economía entonces dirigido por Elena Salgado dio a los notarios un control de legalidad. Básicamente esto suponía que esos profesionales podían echar para atrás cualquier asunto donde intervinieran.

Sin entrar en «la oportunidad, procedencia e incluso la conveniencia» de que el notario pueda ejercer ese tipo de controles superiores, lo que el Supremo pone en cuestión es que tal aumento de atribuciones tenga el respaldo suficiente a nivel normativo.

No obstante, el Supremo deja claro que salvo esa especie de ‘super-poder’ concedido a los notarios, estos podrán seguir cumpliendo con sus atribuciones como hasta ahora.