China inicia la reestructuración de su gigantesco sistema público

Zigor Aldama | Shanghái

¿Es China realmente un país comunista? Después de 36 años de reformas económicas resulta lógico que muchos se hagan esta pregunta. No en vano, desde que Deng Xiaoping tomó las riendas del país y acuñó el contradictorio término de «socialismo con características chinas», el gigante asiático ha abrazado las señas de identidad del capitalismo como la economía de mercado o, incluso, el mercado de valores. Pero la hoz y el martillo siguen presentes en todas las instituciones, y hay un importante elemento que continúa relativamente fiel al comunismo que abanderó Mao Zedong: el de las empresas estatales.

Según la Cámara de Comercio Europea, y tomando como base su informe anual sobre la economía china, son el último bastión de un sistema caduco y un elemento de distorsión que dificulta tanto el acceso de las empresas extranjeras al mercado local como la plena integración del país en un mundo global. Porque no son pocas: se estima que hay más de 150.000 compañías de titularidad pública que emplean a unos 40 millones de personas. Tampoco son pequeñas: gestionan activos por valor de 15 billones de euros. Nacieron más como órganos políticos que empresariales, y sirvieron para crear empleo sin importar que fuese redundante. Por eso, tanto su beneficio como la rentabilidad resultaban variables secundarias. Lo relevante era dar de comer a mil millones de personas.

Ahora, no obstante, algunas de estas empresas son gigantescos conglomerados como Sinopec, ICBC, o China Mobile, que se cuentan entre las mayores multinacionales del planeta y que han lanzado un agresivo proceso de internacionalización. Y luego existe una constelación de entidades mucho más modestas, controladas a su vez por gobiernos provinciales o locales.

Monopolio

Eso sí, todas se articulan en torno a gigantescos monopolios estatales que cierran industrias clave a cal y canto, se benefician tanto de subsidios como de financiación abundante y barata, y continúan destacando por su ineficiencia. De esa forma también tienen un impacto negativo en el propio desarrollo del país, ya que los consumidores en sectores como las telecomunicaciones o la energía no se benefician de la competencia que sí hay en el sector privado. Este último, por su parte, también ve lastradas así sus opciones de desarrollo. Pero esta situación podría cambiar en breve si el Gobierno decide llevar a cabo la reforma del tejido público que prometió hace dos años, durante el Tercer Pleno del XVIII Comité Central del Partido Comunista. Y es lo que precisamente a finales del año pasado ratificó que hará el poderoso Consejo de Estado.