Las autonomías gastan solo el 12% de los fondos europeos contra el paro juvenil

El plan europeo de lucha contra el paro juvenil ha arrancado con lentitud. En España, el país de la Unión Europea con una tasa de desempleo más alta en los menores de 25 años (46,24%), las comunidades autónomas se habían gastado o planificado a final del año pasado el 12,25% del presupuesto asignado para el 2014 y el 2015, según un informe del Ministerio de Empleo al que ha tenido acceso este diario.

Las medidas de politicas activas de empleo ya ejecutadas o en fase de puesta en marcha de las autonomías sumaban un cifra acumulada de 115,5 millones de euros de los 943,4 que fueron adjudicados por la UE a las comunidades. Forman parte de un total de 1.800 millones incluyendo el Fondo Social Europeo conseguidos por España dentro de la iniciativa de empleo juvenil para el periodo 2014-2015 con un plazo de tres años para su despliegue efectivo. Los contrastes entre comunidades eran enormes con una horquilla que iba de un grado de ejecución de casi el 91% en Navarra hasta el 0% de Andalucía y Cantabria, aunque el informe advierte de que los programas laborales de esos territorios estaba previsto que comenzaran a principio de este ejercicio.

CATALUNYA, LA CUARTA COMUNIDAD

Catalunya, con un 38,59% de los 151,8 millones que tenía disponibles ya gastados o en fase de ejecución, es la cuarta autonomía después de Navarra, Asturias y Melilla. En la parte del presupuesto que corresponde a la Administración general del Estado, la misma cantidad que las autonomías, el grado de ejecución es todavía inferior, del 10%. 

 

Desde la puesta en marcha de la iniciativa europea de garantía juvenil en septiembre del 2014 y hasta final del 2015 se inscribieron en el plan un total de 192.000 jóvenes. El colectivo de parados de 16 años a 29 estaba integrado, en diciembre del 2015, por 1,2 millones de personas, según los datos de la encuesta de población activa (EPA).

El estudio de evaluación llega a conclusión de que, "en términos generales, la ejecución financiera de la IEJ (iniciativa de empleo juvenil) se encuentra todavía en una fase inicial", y apuntaba que la mejora dependerá "de la efectividad de las campañas de información y comunicación para la captación de los potenciales participantes".

CRÍTICAS DE BRUSELAS

Pero la mejora, según algunos expertos, tiene que ser rápida para que España no sufra una penalización en la segunda fase del plan, hasta el 2020, si la segunda auditoría prevista para el 2017 registra un mal dato de ejecución a partir del cual se llevará a cabo "una evaluación en profundidad de la efectividad de las distintas medidas". De hecho,Bruselas ya ha llamado la atención a España al indicar que el plan "no está dando los resultados esperados ya que la proporción de registros sigue siendo baja" y echa en falta acciones específicas para informar y motivar a los jóvenes a inscribirse, aunque valora los progresos en los últimos meses.

El programa europeo vendido a bombo y platillo por Bruselas y por Madrid ha chocado desde sus inicios con varios problemas que han frenado su implantación, entre los que destacan la burocracia interna y del registro de jóvenes y los apuros económicos de las administraciones para arrancar las medidas.

A la vista de esos problemas se amplió la edad máxima para los beneficiarios de 24 años a 29 en el verano del 2015 y se incrementó el anticipo que daba la Comisión Europea desde un simbólico 1,5% a un 30% después de las reiteradas peticiones por parte de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a sus colegas comunitarios. Desde la Generalitat, la 'consellera' de Treball, Dolors Bassa, ha pedido también que se flexibilicen los criterios de inscripción de los jóvenes para que también se puedan beneficiar de las medidas los que hayan tenido empleos precarios o de muy corta duración en los meses previos.