Las comunidades niegan su culpa y achacan la desviación del déficit a gastos coyunturales

La mayoría de las comunidades autónomas han negado hoy que sean las culpables de la desviación del déficit público, pues han atribuido el exceso de gasto en el que han incurrido a partidas coyunturales, como las derivadas de los nuevos tratamientos de la hepatitis C.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha hecho públicas hoy las cifras de déficit de las administraciones públicas al cierre de 2015, que se situó en un 5,16 por ciento del PIB, casi un punto más que la cifra registrada el año anterior.

Una desviación de 10.400 millones de euros que el titular de Hacienda ha atribuido a las comunidades autónomas, por lo que ha anunciado que aplicará la Ley de Estabilidad Presupuestaria para impedir que los gobiernos regionales gasten por encima del crecimiento económico anual.

De hecho, sólo tres comunidades han cumplido, según los datos de Hacienda: Canarias, Galicia y País Vasco.

Las respuestas de los ejecutivos autonómicos han coincidido, en la mayoría de los casos, en rechazar que sean culpables y en explicar que, si han registrado desviaciones del objetivo de déficit, ha sido por asumir gastos coyunturales.

Contundente ha sido la consejera de Economía de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, del PP, para quien no se puede admitir "en absoluto" que Montoro "eche la culpa" a las comunidades.

"Si hubiera otro reparto entre Estado y comunidades, habríamos cumplido", ha añadido antes de concretar que el incumplimiento de su comunidad obedece, entre otras razones, al desembolso en tratamientos contra la hepatitis C o en la contratación de facultativos para disminuir las listas de espera sanitarias.

Andalucía, en esta línea, ha expresado su desacuerdo con la imputación "arbitraria" de algunos gastos que le han impedido cumplir el objetivo de déficit, como los 200 millones invertidos en nuevos fármacos frente a la hepatitis C, entre otros.

La titular de Hacienda de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha criticado, además, que las comunidades autónomas deban hacer frente a un "ajuste" cuando tienen "serias dificultades para hacerlo sin afectar al Estado del bienestar".

La Generalitat de Cataluña esperaba que su saldo de déficit fuera menor al fijado, que ha sido de un 2,70 por ciento.

Según han argumentado fuentes del Gobierno catalán, ese porcentaje es mayor al previsto por los efectos extraordinarios de gastos en infraestructuras licitadas antes de 2010, pero que Hacienda ha imputado a 2015, y también en las nuevas terapias frente a la hepatitis C.

Así que la Generalitat ve intencionalidad política en los datos de Hacienda, han apuntado las mismas fuentes, una consideración que ha reforzado el grupo parlamentario de Democràcia i Llibertat en el Congreso, para cuyo portavoz en la Comisión de Hacienda, Ferran Bel, el ministro pretende con sus explicaciones "esconder su incapacidad de ordenar las finanzas".

Desde Aragón, su presidente, el socialista Javier Lambán, ha achacado la "responsabilidad exclusiva" de la desviación en la que ha incurrido la comunidad a su predecesora en el cargo, Luisa Fernanda Rudi, del PP.

El Govern valenciano también ha recurrido a la etapa anterior del PP para localizar las causas de la desviación, y así, su conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha manifestado que "sólo los pufos del anterior Ejecutivo consumieron el 0,7 por ciento" del objetivo de 2015.

La Comunidad de Madrid, por medio de la responsable de Hacienda del Gobierno autonómico (PP), Engracia Hidalgo, ha explicado que las causas de su incumplimiento provienen de gastos coyunturales como el de los nuevos tratamientos frente a la hepatitis C o de la ola de calor del año pasado.

En las partidas sociales, incluida la de las terapias contra la hepatitis C, ha ubicado el Gobierno riojano, también del Partido Popular, la razón de su incumplimiento.

Razones distintas a las esgrimidas por el Gobierno extremeño, que ha centrado el mayor gasto de 2015 en los ajustes realizados en fondos europeos, transferencias del Estado y déficit de algún organismo.

Una de las comunidades cumplidoras, Canarias, ha anunciado que pedirá "medidas compensatorias".

En el ámbito de los partidos políticos, el asesor económico del PSOE Jordi Sevilla ha dudado de la credibilidad de los números del Ministerio, por lo que ha acusado al PP de mentir.

Los populares, a través de la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Matilde Asián, ha acusado de las desviaciones financieras a los nuevos gobiernos que salieron de las elecciones autonómicas de mayo de 2015.