Ausencia de respeto al derecho
El Supremo abre la veda a que la justicia investigue hasta qué punto una empresa sería penalmente responsable si «el delito ha sido posible o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al derecho» en el seno de la compañía.
De ser declarada culpable, la sociedad se enfrentaría a posibles penas de disolución, multa económica, suspensión de las actividades hasta 5 años, inhabilitación para obtener ayudas públicas y beneficios fiscales, y clausura de sus establecimientos.
También se contempla la prohibición definitiva o temporal de aquellas actividades en las que se haya favorecido o encubierto el delito.