Los paraísos fiscales acumulan un entramado de 6,6 billones de euros
Cada país y organismo internacional tiene su propio catálogo sobre los territorios opacos.
D. Valera |
Los paraísos fiscales son sinónimo de ocultación de patrimonio, fraude, blanqueo o evasión de impuestos. Una percepción que se acrecienta en la opinión pública con el conocimiento de escándalos como el de los papeles de Panamá. Sin embargo, ese caso no deja de ser una minúscula parte de un entramado mucho mayor. De hecho, en 2015 se estima que el dinero oculto en estos territorios opacos ascendía a 6,6 billones de euros, lo que supone una cifra superior a la suma del PIB de Reino Unido y Alemania, según cifras de Oxfam Intermon. Además, el mismo informe revela que el 90% de las 200 empresas más grandes del mundo tiene presencia en paraísos fiscales.
Esto no es delito si esas filiales están incluidas en las memorias y declaradas a la Hacienda pública del país de origen de la matriz. Por ejemplo, las empresas del Ibex tienen 810 filiales radicadas en territorios de baja tributación. Pero eso, en principio, no significa que se realicen actividades opacas. Otra cosa es que a través de ingeniería fiscal logren pagar menos. Lo mismo ocurre con las sociedades ‘offshore’ (creadas fuera del lugar de residencia).
Si preguntáramos a cualquier ciudadano si Andorra o Luxemburgo son un paraíso fiscal, la respuesta sería afirmativa. Sin embargo, para España ninguno de esos dos países tiene esa consideración. Por contra, Jordania o Liberia sí están incluidos en esa lista negra. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? ¿Cuál es la línea que separa a un país para ser considerado paraíso fiscal? «El problema no es que en esos países no se paguen impuestos, eso es una decisión soberana de cada Estado, sino el no intercambiar información», asegura el profesor del Iese Eduardo Chinchilla. Esa opacidad es la que provoca que esos territorios sean propicios para el blanqueo de capitales procedente de acciones delictivas.
¿Cuántos hay?
La respuesta depende de cada país u organismo. No existe una lista unificada, sino que cada Estado tiene la suya, algo que genera confusión y contradicciones. En el caso de España, está formada por 33 territorios. Sin embargo, la lista original de 1991 tenía hasta 15 nombres más que han desaparecido en los últimos trece años debido a la firma de acuerdos de intercambio de información, que se han convertido en la mejor fórmula para abandonar las listas negras. Así lo han hecho Andorra, Luxemburgo, Bahamas o Panamá. Los próximos en salir de esa comprometida enumeración serán Omán y las islas de Guernsey, Jersey, territorios con los que España firmó el año pasado acuerdos, pero que todavía no han entrado en vigor. La clave radica en si los países que han salido de la lista negra realmente cumplen los convenios de colaboración. Y en muchos casos las dificultades son significativas.