El futuro Gobierno se enfrenta al reto de garantizar las pensiones

josé luis galende | bilbao

La pensión media ha subido en España durante la crisis más del 20% en ese periodo, mientras que el salario medio lo ha hecho en poco más del 5%. Estas dos cifras aparentemente positivas para los pensionistas y para la competitividad de la economía española, junto con la destrucción de más de dos millones de empleos desde 2008, son la clave del desafío más importante que tiene ante sí el futuro Gobierno, sea del signo que fuere: garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones a corto y medio plazo, tras una reforma a largo plazo que entró en vigor en 2013.

El déficit creciente de la Seguridad Social, que ya se situó el año pasado en 16.700 millones de euros, aboca a una reforma urgente, y quién sabe si a nuevos ajustes en las prestaciones. Y es que al Fondo de Reserva, que en los últimos años ha permitido ajustar las cuentas, sólo le queda dinero para año y medio.

La sucesión de hechos que ha llevado a esta situación tiene fácil explicación y complicada solución. La devaluación interna -reducción de salarios para elevar las exportaciones-, abordada como estrategia estrella por Mariano Rajoy, ha encontrado uno de sus inconvenientes en la casi congelación de los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social, sustento de las pensiones, pese al fuerte crecimiento del empleo.

Una de las causas de esta situación se encuentra en el hecho de que esta crisis ha ensanchado la grieta de los trabajadores que más ganan respecto a los que menos, lo que ha supuesto que las subidas salariales del colectivo mejor retribuido no hayan incidido en los ingresos de la Seguridad Social, ya que el tope de cotización -43.704 euros al año-, las ha convertido en neutras para los ingresos del sistema.

La situación creada alcanza elevados niveles de alarma ante los desequilibrios surgidos en las grandes cifras del sistema: gasto en pensiones que sube en la actualidad a un ritmo anual cercano al 3%; recaudación por cotizaciones que desde 2008 sólo se ha incrementado en total el 2,2%, hasta los 99.137 millones; una cifra de prestaciones que ha crecido el 11% en el mismo periodo, y un gasto total en prestaciones contributivas que ha se ha disparado el 24,6%, hasta rebasar el año pasado los 108.000 millones de euros.

En otras palabras, hay más pensionistas, con pensiones más elevadas, que multiplican el gasto, y para todo ello se cuenta con la misma recaudación.

Y es que en los siete años de referencia, la pensión media del sistema ha pasado de 725 euros a 893, lo que representa una subida 23,2%. La subida de la prestación media se nutre tanto de las alzas decretadas por el Gobierno cada año, como del ‘efecto sustitución’ de las viejas pensiones que desaparecen por las nuevas, que son más elevadas.

Esa es una situación expansiva que no ha sido secundada por una subida salarial que haya permitido un incremento de las cotizaciones; la retribución media sólo ha crecido en España el 5,8% entre 2008 y 2015, al pasar de 1.797 euros al mes a 1.902.

Pese a que los efectos de la reforma que entró en vigor en 2013 ya han comenzado a dejarse sentir -en forma de nuevas prestaciones menos elevadas de lo que se esperaba con la anterior legislación-, la situación descrita y el déficit creciente obligan de manera ineludible a tomar medidas al próximo Ejecutivo. Las exacerbadas críticas generadas por el último hachazo dado al Fondo de Reserva para abonar la paga extraordinaria de verano no ocultan que todas las fuerzas políticas y sociales sabían que eso iba a pasar, pese a lo cual este asunto ni siquiera fue objeto de debate serio en la última campaña electoral.